*Creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y abusos cometidos por agentes del Estado.<\/p>\n
17.01.2025 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumi\u00f3 el cargo en octubre, hered\u00f3 una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos de crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total. Su predecesor, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (2018-2024) hizo pocos avances para hacer frente a estos desaf\u00edos.<\/p>\n
En\u00a0 su informe Human Wrigth Watch (HRW) se\u00f1ala que el Congreso aprob\u00f3 varias modificaciones a la Constituci\u00f3n propuestas por L\u00f3pez Obrador, incluyendo una expansi\u00f3n del papel de los militares en la seguridad p\u00fablica y un cambio radical al sistema de justicia. Estas modificaciones podr\u00edan perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho.<\/p>\n
Muchas partes de M\u00e9xico tienen tasas muy altas de delitos violentos, incluyendo de homicidios. Seis ciudades registraron tasas de homicidio\u00a0superiores a 100 por cada 100 mil habitantes\u00a0en 2022. A nivel nacional, la\u00a0tasa de homicidios baj\u00f3 ligeramente, por tercer a\u00f1o consecutivo, de 25,9 en 2022 a 24,9 en 2023. Sin embargo, el n\u00famero de denuncias de\u00a0desapariciones<\/a>\u00a0ha aumentado. Analistas de seguridad estiman que alrededor de dos tercios de los homicidios son cometidos por el crimen organizado. Dos tercios de los homicidios en 2023 fueron cometidos con armas de fuego, seg\u00fan cifras oficiales. Las autoridades estiman que\u00a0alrededor del 70 % de las armas de fuego\u00a0utilizadas en delitos llegan a M\u00e9xico mediante contrabando desde Estados Unidos.<\/p>\n En septiembre, el Congreso\u00a0aprob\u00f3 una modificaci\u00f3n constitucional\u00a0que obligar\u00e1 a todos los jueces estatales y federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, a renunciar y ser sustituidos mediante elecciones populares en 2025 y 2027. Tambi\u00e9n se crear\u00e1 un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces.\u00a0La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados\u00a0y la\u00a0Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos\u00a0se\u00f1alaron que el cambio podr\u00eda debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo.<\/p>\n El sistema de justicia penal es\u00a0extremadamente ineficaz. Las fiscal\u00edas no investigan de manera eficaz la mayor\u00eda de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado y los delitos graves como el homicidio y las desapariciones forzadas. Rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n S\u00f3lo\u00a0el 16 % de las investigaciones penales\u00a0fueron resueltas en 2022, bien sea en los tribunales, a trav\u00e9s de la mediaci\u00f3n o de alg\u00fan tipo de compensaci\u00f3n. Con frecuencia, las personas acusadas de delitos son sometidas a graves abusos, como la tortura y el uso excesivo de la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e informaci\u00f3n. En la encuesta m\u00e1s reciente de personas encarceladas realizada por el organismo nacional de estad\u00edstica\u00a0en julio de 2021<\/a>, casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, polic\u00edas o soldados les hab\u00edan sometido a malos tratos f\u00edsicos. Entre quienes confesaron un delito, el 38 % dijo que lo hab\u00eda hecho s\u00f3lo porque las autoridades les hab\u00edan golpeado o amenazado.<\/p>\n Las autoridades recibieron 6.226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022,\u00a0seg\u00fan el Observatorio Contra la Tortura<\/a>, un proyecto de un colectivo de organizaciones de derechos humanos. S\u00f3lo 82 casos derivaron en procesos penales y s\u00f3lo 10 dieron lugar a una sentencia condenatoria o absolutoria en 2022.<\/p>\n En septiembre, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria\u00a0present\u00f3 las conclusiones<\/a>\u00a0de su visita a M\u00e9xico en 2023. El grupo de trabajo\u00a0expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n<\/a>\u00a0por que \u201cla detenci\u00f3n arbitraria sigue siendo una pr\u00e1ctica generalizada en M\u00e9xico y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparici\u00f3n forzada y ejecuciones arbitrarias\u201d.<\/p>\n Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposici\u00f3n de\u00a0flagrancia\u00a0<\/em>de la legislaci\u00f3n mexicana, que las faculta para detener a una persona que sorprendan cometiendo un delito.\u00a0Seg\u00fan el grupo de trabajo<\/a>, las autoridades \u201cfabric[an] cargos contra personas colocando\u00a0drogas en sus hogares, veh\u00edculos, bolsas o ropa\u201d con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado.<\/p>\n Las personas acusadas de delitos se enfrentan a largos per\u00edodos de prisi\u00f3n preventiva. Aproximadamente\u00a0el 37 % de las personas presas en 2023<\/a>\u00a0no hab\u00edan sido condenadas por ning\u00fan delito. M\u00e1s del 20 % de quienes se encontraban en prisi\u00f3n preventiva llevaban m\u00e1s de dos a\u00f1os en esta situaci\u00f3n. Los jueces est\u00e1n legalmente obligados a ordenar la prisi\u00f3n preventiva de las personas acusadas de m\u00e1s de una docena de categor\u00edas de delitos, sin poder evaluar las circunstancias del caso, lo cual contradice est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n En noviembre, el Congreso aprob\u00f3 una modificaci\u00f3n constitucional para ampliar la lista de delitos para los que se requiere prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica, lo que contraviene\u00a0sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/a>\u00a0que orden\u00f3 a M\u00e9xico eliminar esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n En enero, el gobierno\u00a0cerr\u00f3 la oficina del Centro Nacional de Identificaci\u00f3n Humana<\/a>, una dependencia de la Comisi\u00f3n Nacional de B\u00fasqueda, un organismo gubernamental, y despidi\u00f3 a gran parte de su personal, seg\u00fan reportaron periodistas. El centro fue creado en 2022 para hacer frente a la falta de capacidad forense de muchas fiscal\u00edas.<\/p>\n Para septiembre de 2024,\u00a0m\u00e1s de 115 mil<\/a>\u00a0personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayor\u00eda desaparecieron a partir de 2006. Muchos podr\u00edan haber sido asesinados y enterrados en las\u00a0casi 5.700 fosas clandestinas<\/a>\u00a0que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53 mil restos humanos estaban almacenados, a la espera de ser identificados para finales de 2022. Otras personas podr\u00edan haber sido\u00a0catalogadas como \u201cno identificadas<\/a>\u201d y enterradas en fosas municipales por las autoridades. En septiembre, periodistas reportaron que\u00a0m\u00e1s de 72 mil restos humanos<\/a>\u00a0hab\u00edan sido marcados como no identificados por morgues estatales entre 2006 y 2023. La mayor\u00eda hab\u00edan sido enterrados en fosas municipales. En 2022, alrededor de\u00a015 mil restos humanos<\/a>\u00a0procesados por las morgues no fueron identificados.<\/p>\n Cuando las familias denuncian las desapariciones,\u00a0las autoridades a menudo no cumplen con su obligaci\u00f3n de investigar<\/a>. Las familias de las v\u00edctimas han formado m\u00e1s de 230 \u201ccolectivos de b\u00fasqueda<\/a>\u201d para investigar las desapariciones. Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia. En febrero, organizaciones de derechos humanos denunciaron,\u00a0en una audiencia ante la CIDH<\/a>, que 16 miembros de estos colectivos hab\u00edan sido asesinados durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n El gobierno ha\u00a0tardado en implementar<\/a>\u00a0muchas de las medidas exigidas por la\u00a0Ley de Desapariciones de 2017<\/a>, como la creaci\u00f3n de un\u00a0banco de datos forenses<\/a>. El expresidente L\u00f3pez Obrador afirm\u00f3 falsamente, en repetidas ocasiones, que el n\u00famero oficial de personas desaparecidas\u00a0se hab\u00eda exagerado para perjudicarle pol\u00edticamente<\/a>.<\/p>\n M\u00e9xico tiene una de las tasas de desigualdad de ingresos m\u00e1s altas del mundo, seg\u00fan\u00a0los datos de 2022 del World Inequality Lab<\/a>. En 2022, ten\u00eda la\u00a0ratio entre impuestos y PIB m\u00e1s baja de la OCDE<\/a>\u00a0y una de las\u00a0m\u00e1s bajas de Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/a>. La tasa de pobreza se redujo durante la presidencia de L\u00f3pez Obrador. Pas\u00f3 del 41,9 % en 2018 al 36,3 % en 2022, seg\u00fan el\u00a0organismo oficial de an\u00e1lisis de la pobreza<\/a>, aunque la pobreza extrema se mantuvo sin variaciones y el n\u00famero de personas sin acceso a servicios de salud aument\u00f3 m\u00e1s del doble. El gobierno y analistas independientes han se\u00f1alado un\u00a0importante aumento del salario m\u00ednimo<\/a>\u00a0y la\u00a0casi duplicaci\u00f3n de las remesas\u00a0<\/a>de los mexicanos en el extranjero como factores que han contribuido a la disminuci\u00f3n de la pobreza.<\/p>\n En noviembre, el Congreso vot\u00f3 a favor de\u00a0eliminar<\/a>\u00a0el organismo independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre privacidad y la transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales. Los relatores especiales de las Naciones Unidas para la privacidad y la libertad de expresi\u00f3n\u00a0se\u00f1alaron que la propuesta<\/a>\u00a0socavar\u00eda gravemente los derechos a la privacidad y al acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n Durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador, m\u00e1s de\u00a0100 tareas del gobierno civil<\/a>\u00a0fueron transferidas a las Fuerzas Armadas. Esto redujo el acceso a la informaci\u00f3n sobre el gasto p\u00fablico, ya que la Secretar\u00eda de la Defensa\u00a0con frecuencia se niega a cumplir las normas de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n, alegando motivos de seguridad nacional. L\u00f3pez Obrador tambi\u00e9n emiti\u00f3\u00a0decretos presidenciales<\/a>\u00a0con el fin de\u00a0eximir al gobierno<\/a>\u00a0del cumplimiento de los requisitos de transparencia en relaci\u00f3n con ciertos megaproyectos.<\/p>\n El Ej\u00e9rcito ha utilizado el software de espionaje Pegasus para\u00a0espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos<\/a>, periodistas, pol\u00edticos de partidos de la oposici\u00f3n y\u00a0altos funcionarios del gobierno<\/a>. Durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador,\u00a0periodistas denunciaron<\/a>\u00a0que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica utiliz\u00f3 software capaz de rastrear tel\u00e9fonos m\u00f3viles sin autorizaci\u00f3n judicial y que\u00a0la fiscal\u00eda de la Ciudad de M\u00e9xico<\/a>\u00a0obtuvo los registros telef\u00f3nicos de pol\u00edticos de la oposici\u00f3n sin autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n M\u00e9xico es uno de los pa\u00edses m\u00e1s peligrosos del mundo para los periodistas y defensores de derechos humanos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024, la organizaci\u00f3n de derechos humanos\u00a0Art\u00edculo 19 document\u00f3<\/a>\u00a03.408 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. Muchos periodistas recurren a la autocensura. En 2023, 14 defensores de derechos humanos fueron asesinados, seg\u00fan la organizaci\u00f3n Comit\u00e9 Cerezo, y\u00a018 defensores ambientales,<\/a>\u00a0seg\u00fan la organizaci\u00f3n Global Witness.<\/p>\n Habitualmente, las autoridades no investigan de manera adecuada los cr\u00edmenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. La\u00a0fiscal\u00eda especial para investigar los cr\u00edmenes contra periodistas<\/a>\u00a0ha abierto 1.758 investigaciones y ha obtenido 41 condenas, ocho de ellas por homicidio, desde su creaci\u00f3n en 2010 hasta agosto de 2024. La mayor\u00eda de las condenas se han obtenido desde que el actual fiscal especial fue nombrado en 2017.<\/p>\n En septiembre, el Congreso\u00a0modific\u00f3 la Constituci\u00f3n<\/a>\u00a0para eliminar la disposici\u00f3n que prohib\u00eda a los militares ejercer funciones no militares en tiempos de paz, darle a la Secretar\u00eda de la Defensa el control permanente de la Guardia Nacional, el principal organismo federal de seguridad p\u00fablica, y facultar oficialmente a la presidenta para desplegar indefinidamente a los militares dentro del territorio nacional a su discreci\u00f3n.<\/p>\n Durante d\u00e9cadas, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas para combatir el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, as\u00ed como para llevar a cabo otras tareas gubernamentales, con una supervisi\u00f3n civil extremadamente limitada. Los militares han estado\u00a0implicados<\/a>\u00a0en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las acusaciones contra militares\u00a0rara vez son investigadas eficazmente<\/a>\u00a0por las autoridades civiles. En septiembre de 2024, hab\u00eda 232.761 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional\u00a0desplegados por todo el pa\u00eds<\/a>.<\/p>\n Desde 2007 hasta julio de 2024, el ej\u00e9rcito report\u00f3\u00a0la muerte de a 5.696 personas<\/a>\u00a0en operaciones militares. A la mayor\u00eda, las acusa de haber pertenecido a grupos criminales. Estas muertes no suelen ser investigadas de forma independiente por las autoridades civiles.<\/p>\n Los militares han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo el\u00a0secuestro y desaparici\u00f3n forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en 2014<\/a>\u00a0y\u00a0los abusos generalizados<\/a>\u00a0cometidos por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fr\u00eda. Seg\u00fan los investigadores de estos casos, los militares han\u00a0ocultado, destruido o negado la existencia<\/a>\u00a0de documentos con informaci\u00f3n sobre violaciones de derechos humanos y han presionado a las autoridades para que retiren los cargos penales contra los soldados implicados.<\/p>\n Aunque el acceso al aborto se ha ampliado considerablemente, muchas personas siguen enfrentando obst\u00e1culos para accederlo. Para diciembre, 19 estados hab\u00edan despenalizado el aborto en todas las circunstancias hasta las 12 semanas de embarazo. En agosto, el estado de Aguascalientes\u00a0redujo el l\u00edmite<\/a>\u00a0de 12 a 6 semanas, lo que en la pr\u00e1ctica elimina el acceso al aborto en el estado.<\/p>\n En todos los estados la legislaci\u00f3n permite el aborto en casos excepcionales como la violaci\u00f3n. Sin embargo, Human Rights Watch\u00a0document\u00f3<\/a>\u00a0en agosto que, incluso en casos legalmente permitidos, el acceso al aborto no se garantiza.<\/p>\n Entre los obst\u00e1culos se incluyen el retraso o la negativa a prestar este servicio o brindar informaci\u00f3n al respecto, el cuestionamiento de la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, la imposici\u00f3n de requisitos arbitrarios que contradicen la legislaci\u00f3n y normativa vigentes, y otros tipos de malos tratos por parte de los proveedores de atenci\u00f3n m\u00e9dica. El miedo a enfrentar consecuencias legales tambi\u00e9n disuade tanto al personal sanitario como a quienes que buscan servicios de aborto.<\/p>\n En 2021, una sentencia de la Suprema Corte estableci\u00f3 que la criminalizaci\u00f3n total del aborto es inconstitucional. En 2023, la Suprema Corte orden\u00f3 al Congreso eliminar la prohibici\u00f3n del aborto del C\u00f3digo Penal federal. Para septiembre, el Congreso no hab\u00eda acatado la sentencia.<\/p>\n Quienes transitan por M\u00e9xico para solicitar asilo en Estados Unidos deben esperar en M\u00e9xico mientras solicitan una cita por medio de una aplicaci\u00f3n m\u00f3vil operada por el gobierno estadounidense. Soldados y agentes de migraci\u00f3n mexicanos detienen o devuelven a quienes no cuentan con una cita,\u00a0seg\u00fan document\u00f3<\/a>\u00a0Human Rights Watch en un informe publicado en mayo. Las autoridades llevaron a cabo\u00a0casi 830 mil aprehensiones<\/a>\u00a0de migrantes entre enero y julio de 2024, la cifra m\u00e1s alta que se ha registrado. Muchos migrantes aprehendidos en el norte de M\u00e9xico,\u00a0unos 10 mil al mes<\/a>, incluyendo algunos que tienen cita, son enviados al sur en autob\u00fas.<\/p>\n Los migrantes y los solicitantes de asilo a menudo son v\u00edctimas de graves abusos, incluyendo violencia sexual, robos a mano armada, secuestros y extorsiones, cometidos por grupos criminales o funcionarios mexicanos.<\/p>\n Durante la presidencia de L\u00f3pez Obrador, la agencia nacional para los refugiados ampli\u00f3 su presencia. Pas\u00f3 de tener 4 oficinas en 2018 a contar con 13 en 2024, con el apoyo de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. Sin embargo, el sistema sigue desbordado. M\u00e1s de\u00a0140 mil personas solicitaron el estatus de refugiado<\/a>\u00a0en 2023, la cifra m\u00e1s alta de la historia. Ese mismo a\u00f1o, la agencia resolvi\u00f3 menos de 26 mil solicitudes. Si bien en el 74 % de los casos M\u00e9xico concedi\u00f3 el estatus de refugiado o de protecci\u00f3n complementaria a los solicitantes, el acceso y la eficiencia del proceso de solicitud contin\u00faan siendo problem\u00e1ticos.<\/p>\n El matrimonio entre personas del mismo sexo est\u00e1 permitido en todos los 32 estados. En 2024, los estados de Yucat\u00e1n y Campeche aprobaron leyes que permiten a las personas transg\u00e9nero cambiar sus nombres y marcadores de g\u00e9nero en los certificados de nacimiento mediante un sencillo proceso administrativo, con lo que el n\u00famero de estados que reconocen este derecho ascendi\u00f3 a 23.<\/p>\n En 2019, la Suprema Corte emiti\u00f3 una sentencia hist\u00f3rica con directrices claras sobre el reconocimiento legal de g\u00e9nero, al sostener que debe ser un proceso administrativo que \u201ccumpla con los est\u00e1ndares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protecci\u00f3n de la identidad de g\u00e9nero\u201d establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2022, la Suprema Corte\u00a0ampli\u00f3<\/a>\u00a0el derecho al reconocimiento legal de g\u00e9nero a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n M\u00e9xico ha logrado\u00a0algunos avances<\/a>\u00a0en la protecci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad f\u00edsica y psicosocial en los \u00faltimos a\u00f1os. Sin embargo, en muchos estados se les sigue negando la plena capacidad jur\u00eddica y se enfrentan a otras barreras para acceder a la justicia, la educaci\u00f3n y el ejercicio de otros derechos fundamentales. Muchas personas con discapacidad no tienen otra alternativa m\u00e1s que\u00a0depender de sus familias<\/a>\u00a0o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad conforme a la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).<\/p>\nIndependencia judicial<\/h2>\n
Sistema de justicia penal<\/h2>\n
Tortura<\/h2>\n
Detenci\u00f3n arbitraria<\/h2>\n
Desapariciones<\/h2>\n
Pobreza y desigualdad<\/h2>\n
Privacidad y acceso a la informaci\u00f3n<\/h2>\n
Ataques a periodistas y defensores de derechos humanos<\/h2>\n
Abusos militares<\/h2>\n
Acceso al aborto<\/h2>\n
Migrantes y solicitantes de asilo<\/h2>\n
Orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero<\/h2>\n
Derechos de las personas con discapacidad<\/h2>\n