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\n09.10.2024.- Washington, D.C. – La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present\u00f3 el Caso 12.434 \u2013 Jos\u00e9 Milton Ca\u00f1as y otros de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 28 de julio de 2024 por la muerte de siete personas y la desaparici\u00f3n forzada de veinticinco personas por parte de paramilitares en 1998 en Barrancabermeja en el marco del conflicto armado interno.<\/p>\n
En la d\u00e9cada de 1980, la regi\u00f3n del Magdalena Medio en Colombia vivi\u00f3 intensos enfrentamientos entre el Ej\u00e9rcito, las autodefensas y la guerrilla, con el respaldo militar a los grupos de autodefensas. A principios de los a\u00f1os 90, emergieron grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), cuyo objetivo era combatir la guerrilla en \u00e1reas estrat\u00e9gicas afectadas por cultivos il\u00edcitos.<\/p>\n
En mayo de 1998, miembros de las AUSAC llevaron a cabo una serie de ataques en varios barrios de Barrancabermeja, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a civiles. Entre las v\u00edctimas de estos actos se encuentran Pedro Julio Rond\u00f3n Hern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Javier Jaramillo D\u00edaz, Nehir Enrique Guzm\u00e1n L\u00e1zaro, Luis Jes\u00fas Arguello Solano, Diomidio Hern\u00e1ndez P\u00e9rez, Eli\u00e9cer Javier Quintero Orozco y Germ\u00e1n Le\u00f3n Quintero, quienes fueron asesinados. Durante esta incursi\u00f3n, decenas de personas fueron retenidas y muchos cuerpos fueron encontrados al d\u00eda siguiente, mientras que otros siguen desaparecidos.<\/p>\n
Los testimonios e informes sugieren una posible colaboraci\u00f3n entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, lo que facilit\u00f3 la perpetraci\u00f3n de estos cr\u00edmenes sin intervenci\u00f3n de las autoridades. Aunque algunos militares y paramilitares han sido procesados y condenados, el proceso judicial se ha prolongado, dejando a varios responsables sin capturar. Actualmente, las investigaciones siguen su curso, con algunos casos a\u00fan en etapa preliminar y otros resueltos bajo la Ley de Justicia y Paz.<\/p>\n
En su Informe de Fondo No. 141\/21, la CIDH estableci\u00f3 que existen pruebas suficientes de la coordinaci\u00f3n entre las AUSAC y agentes militares para los hechos ocurridos, tales como declaraciones de testigos, paramilitares, y documentos de organismos internacionales, que indican la participaci\u00f3n de personas con uniformes del Ej\u00e9rcito y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).<\/p>\n
La CIDH tambi\u00e9n destac\u00f3 la falta de diligencia en la investigaci\u00f3n de los hechos. A pesar de las denuncias inmediatas de familiares y residentes, no se tomaron medidas iniciales para investigar ni para preservar las pruebas que vinculaban a las fuerzas de seguridad. La investigaci\u00f3n se vio marcada por omisiones y obstrucciones. Aunque algunos militares fueron procesados, no se avanz\u00f3 en la identificaci\u00f3n de otros actores, como altos mandos y agentes estatales, lo que perpetu\u00f3 la situaci\u00f3n de impunidad.<\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n de las v\u00edctimas a\u00fan desaparecidas, la CIDH concluy\u00f3 que las investigaciones internas no han garantizado el acceso a la justicia ni la reparaci\u00f3n adecuada para las v\u00edctimas y sus familias. Esta angustia prolongada y la b\u00fasqueda de justicia por parte de los familiares han afectado su integridad personal.<\/p>\n
Con base en dichas determinaciones, la Comisi\u00f3n Interamericana concluy\u00f3 que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n de los derechos a la personalidad jur\u00eddica, vida, integridad personal, libertad personal, garant\u00edas judiciales, derechos de ni\u00f1ez y protecci\u00f3n judicial, establecidos en los art\u00edculos 3, 4, 5, 7, 8.1, 19 y 25.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas indicadas en cada una de las secciones del informe. Asimismo, el Estado es responsable por la violaci\u00f3n de los art\u00edculos I.a), I.b) y III de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, a partir de que dicho tratado entr\u00f3 en vigor para Colombia.<\/p>\n
En consecuencia, la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 al Estado las siguientes medidas de reparaci\u00f3n:<\/p>\n
Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, tanto material como moralmente.
\nProveer tratamiento m\u00e9dico y psicol\u00f3gico a las v\u00edctimas y sus familiares, seg\u00fan sea necesario.
\nImplementar un plan de b\u00fasqueda de las v\u00edctimas desaparecidas, con la participaci\u00f3n de los familiares.
\nContinuar las investigaciones para identificar y sancionar a las personas responsables, con enfoque de g\u00e9nero en casos de mujeres y ni\u00f1as.
\nAdoptar medidas para evitar la repetici\u00f3n de estos hechos, fortaleciendo la capacidad investigativa y los mecanismos de protecci\u00f3n de testigos.
\nLa CIDH es un \u00f3rgano principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH est\u00e1 integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t\u00edtulo personal, y no representan sus pa\u00edses de origen o residencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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