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\n13.09.2024.- Washington, D.C. – La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupaci\u00f3n por la aprobaci\u00f3n del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advierte sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garant\u00edas de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.<\/p>\n
La CIDH reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en M\u00e9xico y viene dando seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Uni\u00f3n el 5 de febrero y aprobada por la C\u00e1mara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la Rep\u00fablica el 11 de septiembre. Ello ocurre en el marco de un paquete de reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Poder Legislativo de manera simult\u00e1nea.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n ha recibido cuantiosa informaci\u00f3n de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivar\u00edan de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de M\u00e9xico en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elecci\u00f3n popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del pa\u00eds. Asimismo, se llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podr\u00eda tener consecuencias negativas para las garant\u00edas de idoneidad y acceso meritocr\u00e1tico a la carrera judicial. Las cr\u00edticas tambi\u00e9n se\u00f1alan que no parte de un diagn\u00f3stico sobre los verdaderos d\u00e9ficits en el acceso a la justicia ni contempla c\u00f3mo impactar\u00e1 en los procesos de elecci\u00f3n popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del pa\u00eds.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Interamericana comparte que persisten desaf\u00edos en el acceso a la justicia en M\u00e9xico que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupci\u00f3n, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los \u00faltimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un di\u00e1logo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participaci\u00f3n ciudadana. Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garant\u00eda de los derechos humanos. En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial deber\u00eda abarcar a otras instituciones encargadas de la impartici\u00f3n de justicia, como es la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, las fiscal\u00edas estatales y las defensor\u00edas p\u00fablicas.<\/p>\n
Entre otros temas cuestionados, la Comisi\u00f3n ha conocido de la inclusi\u00f3n en la reforma constitucional de medidas de preservaci\u00f3n de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como “jueces sin rostro”, cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convenci\u00f3n Americana por los \u00f3rganos del sistema interamericano. Del mismo modo, ha recogido la inquietud por el proceso para la integraci\u00f3n del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podr\u00eda comprometer su independencia, as\u00ed como sobre la falta de garant\u00edas del debido proceso en el r\u00e9gimen disciplinario.<\/p>\n
Si bien el Estado inform\u00f3 sobre una serie de di\u00e1logos nacionales para garantizar la participaci\u00f3n ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitaci\u00f3n est\u00e1 impidiendo considerar efectivamente las cr\u00edticas de un sector de la ciudadan\u00eda, tal como lo demuestran las manifestaciones de las \u00faltimas semanas. En este mismo contexto, preocupa las descalificaciones p\u00fablicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que est\u00e1n impulsando la reforma.<\/p>\n
En su informe sobre Garant\u00edas para la independencia de las y los operadores de justicia, la Comisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que un proceso adecuado de nombramiento y selecci\u00f3n constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Enfatiz\u00f3 la importancia de que los sistemas de selecci\u00f3n y nombramiento garanticen el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n; que establezcan criterios de selecci\u00f3n con base en el m\u00e9rito y capacidades profesionales y calificaciones jur\u00eddicas apropiadas; que se realicen en el marco de procesos p\u00fablicos y transparentes; que garanticen la igualdad de g\u00e9nero en el acceso a la carrera judicial; y que determinen mandatos con una duraci\u00f3n de tiempo definido y suficiente. En esta l\u00ednea, los procesos de selecci\u00f3n de las autoridades disciplinarias de la judicatura tambi\u00e9n deben revestir las garant\u00edas de independencia.<\/p>\n
Por su parte, la Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas se\u00f1al\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, indic\u00f3 que las consideraciones pol\u00edticas podr\u00edan superponerse a los m\u00e9ritos objetivos en la selecci\u00f3n de personas juzgadoras, y advirti\u00f3 los riesgos en la estabilidad del cargo, as\u00ed como afectaciones a la autonom\u00eda administrativa y disciplinaria de la judicatura.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y los est\u00e1ndares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su poblaci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n. Asimismo, frente a la conflictividad y las protestas p\u00fablicas, exhorta a garantizar instancias de di\u00e1logo real, que asegure la participaci\u00f3n de todos los sectores interesados.<\/p>\n
La CIDH es un \u00f3rgano principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH est\u00e1 integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t\u00edtulo personal, y no representan sus pa\u00edses de origen o residencia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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