*Las propuestas del presidente socavar\u00edan la independencia judicial y podr\u00edan facilitar abusos.<\/p>\n
31.08.2024.- (Washington D. C.) \u2013 Los legisladores mexicanos, que entran en funciones el 31 de agosto de 2024, deber\u00edan rechazar una serie de cambios constitucionales que socavar\u00edan la independencia judicial, la privacidad y la rendici\u00f3n de cuentas, se\u00f1al\u00f3 hoy Human Rights Watch. Las propuestas tambi\u00e9n podr\u00edan conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias, advirti\u00f3 Human Rigth Watch (HRW).<\/p>\n
Las propuestas est\u00e1n contenidas en cuatro iniciativas que se espera que los legisladores discutan cuando el Congreso entre en sesi\u00f3n el 1 de septiembre, se\u00f1ala la organizaci\u00f3n de derechos humanos en un posicionamiento ante la inquietud de lo que sucede en M\u00e9xico. <\/p>\n
Citan que las propuestas ampliar\u00edan la prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica, sustituir\u00edan el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares y eliminar\u00edan las restricciones constitucionales que proh\u00edben a los militares llevar a cabo funciones civiles. Tambi\u00e9n desaparecer\u00edan la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cEstas peligrosas propuestas socavar\u00edan la independencia judicial, otorgar\u00edan un poder sin precedentes a los militares, y eliminar\u00edan salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Juanita Goebertus, directora de la Divisi\u00f3n de las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cDado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en M\u00e9xico, los legisladores deber\u00edan adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas\u201d.<\/p>\n
Las cuatro iniciativas forman parte de una serie de 18 propuestas de cambios constitucionales que el presidente saliente, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, envi\u00f3 al Congreso en febrero. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuyo partido controla el Congreso, ha respaldado muchas de las propuestas y ha instado a los legisladores a que las aprueben antes de que ella tome posesi\u00f3n el 1 de octubre.<\/p>\n
Una de las iniciativas, que seg\u00fan los legisladores ser\u00e1 de las primeras en someterse a votaci\u00f3n, cambiar\u00eda significativamente la forma en que se elige y supervisa a los jueces federales. En la actualidad, los jueces y magistrados federales son seleccionados en funci\u00f3n de su calificaci\u00f3n en un concurso de evaluaci\u00f3n abierto y competitivo dirigido por la Escuela Federal de Formaci\u00f3n Judicial. Despu\u00e9s de seis a\u00f1os en el cargo, pueden ser \u201cratificados\u201d para darles permanencia en el cargo hasta su jubilaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan los cambios propuestos, se eliminar\u00eda la permanencia judicial y los jueces ser\u00edan elegidos cada nueve a\u00f1os, en elecciones locales en cada distrito judicial, a partir de listas de candidatos seleccionados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte. Todos los jueces federales actualmente en servicio, aproximadamente 1.650, ser\u00edan separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. La iniciativa obligar\u00eda a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 d\u00edas, lo que afectar\u00eda a unos 5 mil jueces y magistrados estatales.<\/p>\n
La propuesta tambi\u00e9n reducir\u00eda el tama\u00f1o de la Suprema Corte, acortar\u00eda los mandatos de sus miembros y sustituir\u00eda a los actuales en unas elecciones especiales en 2025. Tambi\u00e9n permitir\u00eda a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma an\u00f3nima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez a cargo del caso.<\/p>\n
Estas propuestas socavar\u00edan gravemente la independencia judicial y contravendr\u00edan est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n
Seg\u00fan los est\u00e1ndares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias pol\u00edticas para garantizar que toman decisiones basadas \u00fanicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la ley. La Relator\u00eda Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados ha destacado la importancia de adoptar \u201cprocedimientos de designaci\u00f3n no pol\u00edticos, vinculados estrictamente a la calidad y el m\u00e9rito profesional\u201d de los candidatos judiciales.<\/p>\n
En julio, la relatora especial expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n, en una carta dirigida al presidente L\u00f3pez Obrador, sobre que los cambios propuestos pudieran \u201cincrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campa\u00f1as con el fin de incrementar sus posibilidades de reelecci\u00f3n, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jur\u00eddicas\u201d.<\/p>\n
El Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que los juicios con \u201cjueces sin rostro\u201d contravienen el derecho a un juicio justo, ya que las personas imputadas no pueden evaluar si el juez tiene un conflicto de intereses.<\/p>\n
Otra iniciativa en consideraci\u00f3n eliminar\u00eda el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), un \u00f3rgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protecci\u00f3n de datos en M\u00e9xico. El organismo tiene la facultad para exigir al gobierno que cumpla con las solicitudes de informaci\u00f3n y a cualquier organizaci\u00f3n, p\u00fablica o privada, que permita a las personas acceder a sus datos personales como historiales m\u00e9dicos. El INAI puede imponer multas por incumplimiento de sus resoluciones e impulsar acciones legales contra el gobierno.<\/p>\n
Seg\u00fan la propuesta, cada rama del gobierno ser\u00eda responsable de garantizar su propio cumplimiento de las leyes sobre acceso a la informaci\u00f3n. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, el INAI recibi\u00f3 y revis\u00f3 casi 20 mil quejas de personas que afirmaban que entidades gubernamentales se hab\u00edan negado a cumplir las normas de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Eliminar el organismo independiente de transparencia y permitir que el gobierno autorregule su cumplimiento de las leyes de acceso a la informaci\u00f3n socavar\u00eda los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n
Los cambios constitucionales propuestos ampliar\u00edan a\u00fan m\u00e1s la prisi\u00f3n preventiva autom\u00e1tica, exigiendo a los jueces que ordenen la detenci\u00f3n de cualquier persona acusada de extorsi\u00f3n, narcomenudeo, defraudaci\u00f3n fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producci\u00f3n y el tr\u00e1fico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso para determinar si la detenci\u00f3n est\u00e1 justificada. La Constituci\u00f3n mexicana ya requiere que los jueces ordenen la prisi\u00f3n preventiva para m\u00e1s de una docena de categor\u00edas de delitos.<\/p>\n
Requerir que los jueces dicten la prisi\u00f3n preventiva sin revisar las circunstancias de cada caso contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y no es una forma eficaz de abordar la delincuencia, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n
Seg\u00fan el derecho internacional, la prisi\u00f3n preventiva s\u00f3lo debe utilizarse en casos excepcionales, sobre la base de una determinaci\u00f3n individualizada de que esta es necesaria para fines como evitar la fuga del imputado, la interferencia con las pruebas o la repetici\u00f3n del delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el uso de la prisi\u00f3n preventiva obligatoria en M\u00e9xico viola est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos y ha ordenado a M\u00e9xico que reforme sus leyes y su Constituci\u00f3n para eliminar esta pr\u00e1ctica. Alrededor de 88 mil personas se encontraban en prisi\u00f3n preventiva al cierre de 2022, alrededor del 40 % de la poblaci\u00f3n penitenciaria total.<\/p>\n
Otra iniciativa propuesta eliminar\u00eda la prohibici\u00f3n constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra, transferir\u00eda permanentemente el control de la Guardia Nacional\u2014el principal organismo de seguridad p\u00fablica del gobierno federal\u2014a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, y otorgar\u00eda oficialmente al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas adentro del pa\u00eds, de manera indefinida, a su discreci\u00f3n.<\/p>\n
Desde 2016, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas de manera informal y sin control efectivo por parte de autoridades civiles para realizar tareas de seguridad p\u00fablica. Han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia. El presidente L\u00f3pez Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ej\u00e9rcito y a la Marina el control sobre cientos de tareas gubernamentales tradicionalmente civiles, lo que ha limitado la supervisi\u00f3n civil y la rendici\u00f3n de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia sobre sus actividades, alegando que la informaci\u00f3n es reservada por temas de seguridad nacional.<\/p>\n
\u201cM\u00e9xico necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia m\u00e1s eficaces\u201d, dijo Goebertus. \u201cLamentablemente, es probable que estos cambios constitucionales logren exactamente lo contrario\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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