*En algunas sedes se acusa Golpe de Estado del ejecutivo y legislativo con la reforma de Estado. <\/p>\n
21.08.2024. Ciudad de M\u00e9xico.- Las y los Jueces y Magistrados Federales presentaron ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar presunta violaci\u00f3n de los derechos humanos de trabajadores del PJF y la desaparici\u00f3n de la carrera judicial por la reforma presentada por Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y sus alienados que pretenden elegir en los cargos de jueces y magistrados por voto popular y hasta por t\u00f3mbolas. <\/p>\n
“Hacemos del conocimiento general que por medio de la Asociaci\u00f3n de Jueces y Magistrados Federales, JUFED, se present\u00f3 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos CIDH la solicitud para activar el procedimiento del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos” refirieron en un comunicado que circula en redes y en el marco de la par\u00e1lisis del Poder Judicial. <\/p>\n
Afirma el texto que la comunicaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n Interamericana inform\u00f3 que ya se reactiv\u00f3 el mecanismo para salvaguardar los derechos esenciales, aun cuando no se ha hecho p\u00fablico. <\/p>\n
Explican que se trata de un requerimiento que, de manera confidencial, la Comisi\u00f3n Interamericana le hace al Estado para determinar si una ley, proyecto de ley, pol\u00edtica p\u00fablica o cualquier tipo de acto estatal que pudiera afectar regresivamente los derechos humanos contenidos en la convenci\u00f3n americana debe ser mitigado o adecuado a esos est\u00e1ndares interamericanos<\/p>\n
“A partir de esa notificaci\u00f3n al estado mexicano, debemos esperar una respuesta” refieren las y los Jueces y Magistrados Federales en la Jufed. <\/p>\n
Cuales fueron las preguntas que se gestionaron desde la solicitud de la JUFED se\u00f1ala el documento que circula?: <\/p>\n
\u201cEn atenci\u00f3n a lo expuesto supra y en virtud del art\u00edculo 41 apartados b y d de la Convenci\u00f3n Americana, solicitamos a esa Honorable Comisi\u00f3n requerir al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para que la CIDH pueda contar con toda la informaci\u00f3n necesaria, en particular sobre:<\/p>\n
a. Medidas adoptadas por el Estado para asegurar que cualquier tipo de reforma constitucional o legal que afecte al Poder Judicial y a sus funcionarios (federales, de entidades federativas y del ramo electoral), ya sea el \u201cPlan C\u201d o cualquier otra reforma similar o complementaria, se ajusten y cumplan con los est\u00e1ndares internacionales en materia de independencia judicial y de otros derechos contenidos en la Convenci\u00f3n Americana; en especial, respecto de los art\u00edculos 8 y 25 de dicho tratado.<\/p>\n
b. Que informe sobre c\u00f3mo instrumentar\u00e1 los derechos al acceso a la justicia y la calidad de la justicia de las personas justiciables y de la sociedad en general en cuanto a los riesgos que implicar\u00eda el \u201cPlan C\u201d respecto de:
\na. La inminente destituci\u00f3n generalizada de funcionarios judiciales y operadores de justicia -jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial Federal-, as\u00ed como de todas las entidades federativas;
\nb. La garant\u00eda de la carrera judicial y el principio de inamovilidad en el cargo de los funcionarios judiciales;<\/p>\n
c. La no regresividad de derechos humanos y el respeto de derechos adquiridos y situaciones jur\u00eddicas consolidadas de todos los funcionarios judiciales que se ver\u00edan afectados con la inminente aprobaci\u00f3n del Plan C. En caso de que se decida destituir a jueces y magistrados de carrera judicial, qu\u00e9 tipo de procesos se les entablar\u00eda de manera individualizada para justificar el cese de sus cargos; cu\u00e1l ser\u00eda la plataforma de derecho a la defensa al debido proceso y a recurrir de esos fallos y c\u00f3mo se instrumentar\u00edan las obligaciones internacionales de reparaci\u00f3n integral de eventuales violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho de restituci\u00f3n a sus cargos y otras formas de reparaci\u00f3n integral conforme a la jurisprudencia interamericana (da\u00f1o material, da\u00f1o inmaterial, otras formas de reparaci\u00f3n y derecho de no repetici\u00f3n).<\/p>\n
d. La obligaci\u00f3n de garantizar la plataforma de protecci\u00f3n de derechos humanos en el \u00e1mbito judicial ante las constantes amenazas que sufre el personal de los Poderes Judiciales en M\u00e9xico y c\u00f3mo se reestablecer\u00e1 que puedan ejercer su mandato y fuero internacional que los caracteriza como \u201cdefensores de derechos humanos\u201d para que en el \u00e1mbito de esa funci\u00f3n se mantengan exentos de injerencias impropias de parte de otros poderes.
\ne. Explicar c\u00f3mo el modelo de elecci\u00f3n popular de jueces y juezas respetar\u00eda las garant\u00edas objetivas de nombramiento de esos funcionarios en respeto de los principios de carrera judicial a partir del conocimiento judicial demostrado (concursos de m\u00e9ritos y capacidades), experiencia y \u00e9tica judicial.<\/p>\n
f. Explicar c\u00f3mo el eventual sistema de elecci\u00f3n popular de jueces y magistrados ser\u00eda inclusivo y no selectivo y libre de preselecci\u00f3n y filtros pol\u00edticos y partidistas. g. Explicar c\u00f3mo el eventual sistema de elecci\u00f3n popular de jueces y magistrados estar\u00eda blindado del financiamiento ilegal o de presiones externas de parte de grupos f\u00e1cticos de poder, incluso de organizaciones de crimen organizado que controlan territorios y distritos electorales (lo cual qued\u00f3 demostrado durante el proceso electoral pasado donde muchos candidatos a cargos de elecci\u00f3n popular fueron asesinados u obligados a declinar).<\/p>\n
h. De qu\u00e9 manera el nuevo modelo de elecci\u00f3n popular de jueces y magistrados ser\u00eda, supuestamente, mejor garante de la Convenci\u00f3n Americana y del principio de independencia judicial respecto del actual sistema de selecci\u00f3n por concursos de oposici\u00f3n y experiencia judicial.<\/p>\n
i. C\u00f3mo se instrumentar\u00e1 el debido proceso legal del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana en el marco de los futuros procesos administrativos y disciplinarios que entable el nuevo Consejo Disciplinario y, especialmente, cu\u00e1les recursos de apelaci\u00f3n por instancia superior a ese Consejo se instrumentar\u00e1n para que se cumpla con el derecho a un recurso efectivo determinado en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Americana y que las decisiones del Consejo Disciplinario no sean de \u201c\u00fanica instancia\u201d sancionatoria.
\nj. C\u00f3mo se garantizar\u00e1 al Poder Judicial Federal cumplir con sus obligaciones estructurales y salariales en caso de que se eliminen todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos an\u00e1logos actuales y por qu\u00e9 instrumento presupuestario ordinario se sustituir\u00e1n aquellos fideicomisos.<\/p>\n
k. C\u00f3mo se respetar\u00e1n los derechos adquiridos por concepto de \u201chaber de retiro\u201d y los derechos de las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial -as\u00ed como de sus derechohabientes- para que no se les reduzcan los emolumentos que ya reciben y que se les respeten esos derechos adquiridos.
\nl. C\u00f3mo se garantizar\u00e1 que las decisiones de la Suprema Corte que actualmente se toman por una mayor\u00eda calificada no se vean afectadas mediante la reducci\u00f3n del n\u00famero de ministros que propone el Plan C en el que una peque\u00f1a minor\u00eda de tres ministros tendr\u00edan mayor poder de decisi\u00f3n que en la actualidad que es una minor\u00eda de 4 ministros.<\/p>\n
c. Qu\u00e9 medidas se adoptar\u00e1n para garantizar un amplio debate del Plan C durante la entrada en funciones de la nueva legislatura a partir del mes de septiembre de 2024 que ser\u00eda la \u00fanica competente para implementar y cumplir con las reglas de la democracia parlamentaria que exige que reformas al Poder Judicial incluyan la participaci\u00f3n efectiva del mismo Poder Judicial, de asociaciones de jueces y empleados del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil interesadas como Barras y Colegios de Abogados, sindicatos, c\u00e1maras sectoriales y entidades acad\u00e9micas.<\/p>\n
d. C\u00f3mo se garantizar\u00e1 el derecho de los funcionarios judiciales a ejercer su libertad de expresi\u00f3n y de manifestaci\u00f3n p\u00fablica y pac\u00edfica en relaci\u00f3n con paros u otras formas de manifestarse respecto del Plan C sin recibir amenazas o represalias. e. Adicionalmente, y debido a que la aprobaci\u00f3n del Plan C podr\u00eda tener un impacto de orden hemisf\u00e9rico, en virtud del art\u00edculo 41 apartado c de la Convenci\u00f3n Americana, solicitamos a esa Honorable Comisi\u00f3n Interamericana elaborar un estudio e informe tem\u00e1tico sobre la situaci\u00f3n de la independencia judicial en M\u00e9xico a la luz de un test de convencionalidad, de manera que sirva para evitar que situaciones similares de regresividad de derechos a la Convenci\u00f3n como la que ocurrir\u00eda si se aprobara el Plan C en los t\u00e9rminos actuales, sean replicadas en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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