Washington D.C. – La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n (RELE) condenan pr\u00e1cticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represi\u00f3n violenta, detenciones arbitrarias y persecuci\u00f3n pol\u00edtica. El r\u00e9gimen en el poder est\u00e1 sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadan\u00eda y perpetuar el r\u00e9gimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las pr\u00e1cticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democr\u00e1tico y el Estado de derecho.<\/p>\n
El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Venezuela y la oposici\u00f3n firmaron el “Acuerdo parcial sobre la promoci\u00f3n de derechos pol\u00edticos y garant\u00edas electorales para todos los venezolanos” que establec\u00eda el compromiso de llevar a cabo elecciones presidenciales pac\u00edficas con observaci\u00f3n internacional. Sin embargo, en el per\u00edodo preelectoral, el r\u00e9gimen intensific\u00f3 pr\u00e1cticas autoritarias para obstruir la participaci\u00f3n pol\u00edtica mediante un patr\u00f3n de coerci\u00f3n destinado a desmovilizar a la oposici\u00f3n y a sus posibles simpatizantes. En otras medidas, se impidi\u00f3 la inscripci\u00f3n de candidaturas opositoras, como las de Mar\u00eda Corina Machado y Corina Yoris. Asimismo, el Estado impuso barreras al voto en el extranjero, y neg\u00f3 la acreditaci\u00f3n e ingreso al pa\u00eds de la mayor\u00eda de las misiones independientes de observaci\u00f3n internacional. Adem\u00e1s, intensific\u00f3 la persecuci\u00f3n pol\u00edtica, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas. En ese contexto, Nicol\u00e1s Maduro advirti\u00f3 un “ba\u00f1o de sangre y una guerra civil en el pa\u00eds” si la oposici\u00f3n lograba una victoria electoral. Este anuncio tuvo el objetivo de infundir terror en la poblaci\u00f3n y generar un efecto paralizador de la participaci\u00f3n ciudadana en el proceso.<\/p>\n
El 28 de julio de 2024 se realizaron las elecciones presidenciales con una mayor participaci\u00f3n que en elecciones previas, tanto de votantes como de personas voluntarias que actuaron como testigos de mesa y observadoras. Despu\u00e9s del cierre de las mesas, surgieron denuncias sobre graves irregularidades en la transmisi\u00f3n de las actas electorales para la verificaci\u00f3n y el conteo de votos, as\u00ed como sobre la falta de transparencia y otros obst\u00e1culos en el proceso de auditor\u00eda ciudadana. Estas denuncias se intensificaron tras la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien, de manera unilateral, declar\u00f3 a Nicol\u00e1s Maduro como ganador de las elecciones, sin proporcionar la totalidad de las actas de votaci\u00f3n o datos estad\u00edsticos desglosados, como exige la ley electoral venezolana.<\/p>\n
Hasta la fecha, el CNE no ha hecho p\u00fablicas las actas electorales ni proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicol\u00e1s Maduro como vencedor sin la documentaci\u00f3n o datos estad\u00edsticos requeridos. La oposici\u00f3n pol\u00edtica recolect\u00f3 cerca del 80% de las actas a nivel nacional sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y c\u00f3digos de seguridad. La totalizaci\u00f3n de esas actas muestra que Edmundo Gonz\u00e1lez Urrutia gan\u00f3 la elecci\u00f3n. Adem\u00e1s, con el fin de facilitar la verificaci\u00f3n independiente de los resultados, public\u00f3 copia de las actas en sitios web, que han sido objeto de ataques inform\u00e1ticos.<\/p>\n
El Centro Carter, entidad con larga experiencia y credibilidad, presente en Venezuela durante la elecci\u00f3n, concluy\u00f3 que la misma no cumpli\u00f3 con los par\u00e1metros y est\u00e1ndares internacionales de integridad electoral, y, por lo tanto, no puede considerarse democr\u00e1tica. Por su parte, el Panel de Expertos de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) que acompa\u00f1\u00f3 la elecci\u00f3n presidencial indic\u00f3 que “el anuncio del resultado de una elecci\u00f3n sin la publicaci\u00f3n de sus detalles o la divulgaci\u00f3n de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democr\u00e1ticas contempor\u00e1neas”. En similar sentido, la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) detect\u00f3 errores aritm\u00e9ticos en los datos presentados por el CNE.<\/p>\n
El 31 de julio, en el contexto de falta de transparencia electoral, el Presidente Maduro impuls\u00f3 una acci\u00f3n ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para certificar los resultados, a pesar de que la autoridad competente para tal fin es el Poder Electoral. Al respecto, de manera reiterada, la CIDH ha advertido en el Cap\u00edtulo IV.B de su Informe Anual la ausencia de un Poder Judicial independiente y la cooptaci\u00f3n del TSJ por parte del Poder Ejecutivo.<\/p>\n
Los instrumentos interamericanos garantizan el derecho de la ciudadan\u00eda a participar en la direcci\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos; votar y ser electos en elecciones peri\u00f3dicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo. La falta de publicaci\u00f3n oportuna de las actas electorales genera una profunda desconfianza en los resultados anunciados por el CNE y, junto con las dem\u00e1s irregularidades registradas durante el proceso, afecta gravemente los derechos pol\u00edticos de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral han motivado al menos 300 protestas espont\u00e1neas en todo el pa\u00eds que movilizaron distintos sectores sociales, en particular habitantes de zonas en situaci\u00f3n de pobreza. Las manifestaciones han sido duramente reprimidas por las fuerzas del Estado y por grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como “colectivos”. La represi\u00f3n ha reflejado patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017: i) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en p\u00e9rdidas de vidas humanas y personas heridas; ii) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; iii) persecuci\u00f3n judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; iv) censura y restricciones a las libertades de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica; y v) obst\u00e1culos a la labor de defensa de derechos humanos. A continuaci\u00f3n, se profundiza en estos patrones.<\/p>\n
i) Uso arbitrario de la fuerza<\/p>\n
Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza p\u00fablica contra las manifestaciones. La violencia result\u00f3 en la muerte de al menos 23 personas. Informaci\u00f3n preliminar se\u00f1ala que las v\u00edctimas eran hombres de entre 15 y 56 a\u00f1os y la mayor\u00eda provenientes de zonas populares del pa\u00eds. Asimismo, todas habr\u00edan muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza. Seg\u00fan informaci\u00f3n p\u00fablica registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), 10 de las muertes ser\u00edan atribuibles a fuerzas estatales: ocho a fuerzas militares y dos a la polic\u00eda. Seis de las muertes ser\u00edan atribuibles a los “colectivos”, que act\u00faan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e inclusive, est\u00e1n incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protecci\u00f3n para la Paz”. Dos de los casos ser\u00edan atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En cinco de los casos no se cuenta con informaci\u00f3n sobre el perfil de los presuntos responsables.<\/p>\n
El derecho a la vida es reconocido como el derecho supremo de los seres humanos y como condici\u00f3n necesaria para el goce de todos los dem\u00e1s derechos. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe ser leg\u00edtimo; excepcional, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. La CIDH observa que las muertes registradas en el contexto de la represi\u00f3n podr\u00edan caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de los perpetradores. Asimismo, advierte a la comunidad internacional por las acciones de grupos armados no-estatales, quienes act\u00faan con tolerancia, colaboraci\u00f3n o aquiescencia del Estado venezolano.<\/p>\n
ii) Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas<\/p>\n
La CIDH ha recibido informaci\u00f3n sobre un patr\u00f3n de violaciones a la libertad personal. Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de sociedad civil han registrado al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas ind\u00edgenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa. Se han recibido reportes de detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de corta duraci\u00f3n en las que se habr\u00edan cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podr\u00edan constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detenci\u00f3n de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado f\u00edsico.<\/p>\n
Las detenciones arbitrarias, en su mayor\u00eda, de j\u00f3venes de \u00e1reas urbanas con mayores \u00edndices de pobreza se produjeron, inicialmente, de manera masiva durante las manifestaciones. Adem\u00e1s, se registran privaciones de la libertad de manera selectiva, mediante una estrategia de detenci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n contra quienes cuestionan los resultados electorales anunciados por el CNE; inclusive en sus lugares de residencia en la llamada “operaci\u00f3n tun tun”. Esta estrategia ha estado dirigida particularmente contra personas voluntarias electorales y quienes son percibidas como opositoras al r\u00e9gimen, incluyendo periodistas, dirigentes de la oposici\u00f3n, defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, muchas de las cuales se encuentran escondidas.<\/p>\n
La CIDH ha dado seguimiento a la detenci\u00f3n del dirigente opositor y exdiputado Freddy Superlano, detenido por autoridades venezolanas el 30 de julio, cuya familia denunci\u00f3 que podr\u00eda estar sufriendo torturas. Igualmente, el caso de Williams D\u00e1vila, beneficiario de una medida cautelar de la CIDH. Asimismo, se registr\u00f3 la detenci\u00f3n y desaparici\u00f3n de la dirigente de oposici\u00f3n Mar\u00eda Oropeza, tambi\u00e9n beneficiaria de una medida cautelar, quien registr\u00f3 el momento de su detenci\u00f3n en redes sociales. Por otra parte, ante el riesgo de ser detenidos, l\u00edderes de oposici\u00f3n se encuentran refugiados en la Embajada de la Rep\u00fablica Argentina, en donde han sido objeto de permanente asedio del Estado.<\/p>\n
El derecho internacional de los derechos humanos proh\u00edbe la detenci\u00f3n o encarcelamiento arbitrarios. Dentro de las normas m\u00e1s fundamentales del sistema internacional se encuentra la prohibici\u00f3n de la tortura y la desaparici\u00f3n forzada. El grave patr\u00f3n de detenciones arbitrarias en el contexto actual no es nuevo, sino que forma parte de una estrategia que castiga la oposici\u00f3n, la disidencia y la defensa de los derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH destaca el derecho de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes a una protecci\u00f3n especial y reforzada, a no ser privadas de libertad con personas adultas, ni a exponerlas a situaciones de violencia o de separaci\u00f3n arbitraria de su familia.<\/p>\n
iii) Persecuci\u00f3n judicial y hostigamiento<\/p>\n
Las personas detenidas en este contexto est\u00e1n siendo sometidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia que, adem\u00e1s de tener penas excesivamente altas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n y buscan generar un efecto paralizador por temor a la persecuci\u00f3n judicial. Los cargos imputados por el Ministerio P\u00fablico incluyen los delitos de incitaci\u00f3n al odio, terrorismo, conspiraci\u00f3n, traici\u00f3n a la patria, asociaci\u00f3n para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucci\u00f3n de calles o v\u00edas y desobediencia de las leyes.<\/p>\n
En el marco de los procesos penales se han denunciado violaciones de derechos humanos, en particular a las garant\u00edas judiciales, incluyendo ser representadas por persona defensora de su elecci\u00f3n debido a la imposici\u00f3n de defensores p\u00fablicos; en el caso de adolescentes, a comunicarse y ser representados por sus familias; en el caso de personas ind\u00edgenas, a contar con interpretaci\u00f3n e interculturalidad en los procesos judiciales; y en el caso de personas con discapacidad, a contar con ajustes razonables en los procesos penales.<\/p>\n
Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas, dentro de un plazo razonable, con asistencia legal de su elecci\u00f3n. En el contexto actual, la CIDH expresa preocupaci\u00f3n por las severas limitaciones a las garant\u00edas judiciales denunciadas, con enfoque en los impactos diferenciados contra adolescentes, personas ind\u00edgenas y personas con discapacidad.<\/p>\n
iv) Censura y restricciones a las libertades de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica<\/p>\n
La RELE ha recibido informaci\u00f3n sobre la escalada represiva y los ataques sistem\u00e1ticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicaci\u00f3n y ciudadanos que difunden informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresi\u00f3n, que incluyen la detenci\u00f3n arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de “instigaci\u00f3n al odio” y “terrorismo”, anulaci\u00f3n de pasaportes, el cierre de medios, la confiscaci\u00f3n de equipos y la deportaci\u00f3n de personal de prensa internacional.<\/p>\n
Asimismo, el r\u00e9gimen ha intensificado la represi\u00f3n en el \u00e1mbito digital, utilizando tecnolog\u00eda para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces cr\u00edticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, as\u00ed como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a delatarse entre s\u00ed. En particular, la aplicaci\u00f3n VenApp, originalmente destinada a la gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos, ha sido reconfigurada con funciones para delatar personas ante el r\u00e9gimen bajo etiquetas como actividades “sospechosas”, “guarimba fascista”, “desinformaci\u00f3n” y “desorden p\u00fablico”. En ese marco, la CIDH y su RELE tambi\u00e9n han recibido informaci\u00f3n sobre detenciones aleatorias en la calle para la inspecci\u00f3n de contenidos en dispositivos m\u00f3viles, as\u00ed como el uso de videovigilancia y drones de patrullaje.<\/p>\n
En este contexto, resulta especialmente preocupante el bloqueo del portal “resultadosconvzla.com”, creado por la oposici\u00f3n para la visualizaci\u00f3n de las actas de cada mesa escrutada y cuyos datos contrastan con la informaci\u00f3n oficial proporcionada por el CNE. Seg\u00fan anunci\u00f3 el Fiscal General, los responsables de la publicaci\u00f3n y mantenimiento de dicho portal est\u00e1n siendo objeto de una investigaci\u00f3n penal por los delitos de usurpaci\u00f3n de funciones, falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos, incitaci\u00f3n a la desobediencia de las leyes, delitos inform\u00e1ticos, asociaci\u00f3n y conspiraci\u00f3n. La CIDH y su Relator\u00eda Especial advierten que la informaci\u00f3n all\u00ed contenida reviste un alto inter\u00e9s p\u00fablico y adquiere una protecci\u00f3n reforzada, dada su relevancia para la transparencia y rendici\u00f3n de cuentas. En ausencia de informaci\u00f3n fiable de la autoridad electoral, el acceso y disponibilidad de esta informaci\u00f3n resulta trascendental para proteger los derechos pol\u00edticos y permitir que la comunidad internacional forme un criterio propio sobre la situaci\u00f3n actual en Venezuela.<\/p>\n
Sumado a ello, se observa una campa\u00f1a de propaganda oficial que combina elementos de terror, incluyendo acciones de ciberpatrullaje por organismos de inteligencia, detenciones y producci\u00f3n de contenidos que exhiben a personas cr\u00edticas como criminales, a quienes se estar\u00edan forzando a emitir mensajes de arrepentimiento como actos ejemplarizantes y de escarnio p\u00fablico. La Relator\u00eda Especial alerta que el despliegue de propaganda gubernamental y la desinformaci\u00f3n son parte de una pol\u00edtica estatal para criminalizar y reprimir las expresiones cr\u00edticas. Esta censura afecta a toda la sociedad, desde l\u00edderes pol\u00edticos hasta sectores populares que se han manifestado espont\u00e1neamente. Asimismo, agudiza el clima de hostilidad y violencia contra quienes desean participar libremente en un momento crucial para Venezuela.<\/p>\n
Conforme a los est\u00e1ndares internacionales, las expresiones, informaciones y opiniones relacionadas con asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico y con el Estado y sus instituciones gozan de una protecci\u00f3n reforzada. La CIDH y su Relator\u00eda Especial enfatizan que las agresiones y ataques orientados a silenciar las expresiones cr\u00edticas o disidentes y la informaci\u00f3n de periodistas y medios de comunicaci\u00f3n atentan contra la libertad de expresi\u00f3n y vulneran el derecho que tiene la sociedad de acceder a la informaci\u00f3n. La falta de garant\u00edas para el ejercicio de este derecho en el contexto actual erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral.<\/p>\n
v) Obst\u00e1culos a la labor de defensa de derechos humanos<\/p>\n
Preocupa a la Comisi\u00f3n las medidas de represi\u00f3n adoptadas por Estado contra la labor de defensa de derechos humanos mediante detenciones arbitrarias, hostigamientos, limitaciones a la libertad de locomoci\u00f3n y restricciones ileg\u00edtimas a la libertad de asociaci\u00f3n.<\/p>\n
Al respecto, la CIDH recibi\u00f3 informaci\u00f3n sobre la anulaci\u00f3n ilegal de pasaportes de al menos 36 personas defensoras, comunicadoras y sus familias. Por ejemplo, el caso del defensor de derechos humanos de las personas LGBTI, Yendri Vel\u00e1squez, quien fue detenido arbitrariamente y cuyo pasaporte fue anulado cuando se dispon\u00eda a realizar un viaje para participar ante el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n Racial. Por otro lado, se reanud\u00f3 la discusi\u00f3n de la “Ley de Fiscalizaci\u00f3n, Regularizaci\u00f3n, Actuaci\u00f3n y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines”, que restringir\u00eda arbitrariamente una serie de derechos, tales como las libertades de asociaci\u00f3n, de expresi\u00f3n y de participaci\u00f3n en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
Al respecto, se recuerda que la labor de defensa de derechos humanos tiene un papel fundamental en la democracia y el Estado de Derecho. Los Estados deben proteger a las personas que defienden los derechos humanos cuando su vida e integridad personal se encuentren en peligro, adoptando una estrategia de prevenci\u00f3n efectiva y exhaustiva y abstenerse de criminalizarles. En Venezuela, la mera labor de defensa de los derechos humanos genera la sospecha inmediata del r\u00e9gimen y activa la maquinaria estatal represiva.<\/p>\n
Conclusiones y recomendaciones
\nLas pr\u00e1cticas de terrorismo de estado perpetradas por el actual r\u00e9gimen y observadas por la Comisi\u00f3n no solo est\u00e1n dirigidas a la persecuci\u00f3n de sectores espec\u00edficos, sino que generan un clima de temor e intimidaci\u00f3n entre la poblaci\u00f3n venezolana. Pr\u00e1cticas que consolidan la denegaci\u00f3n del derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica. Ello, en un contexto de absoluta desprotecci\u00f3n y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al r\u00e9gimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado.<\/p>\n
La CIDH y la RELE hacen un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situaci\u00f3n, mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protecci\u00f3n tanto de la informaci\u00f3n electoral disponible como de la ciudadan\u00eda que la ha salvaguardado. Asimismo, insta a activar de forma concertada canales diplom\u00e1ticos tanto bilaterales como multilaterales para la transici\u00f3n a la democracia.<\/p>\n
Las violaciones de derechos humanos registradas en la actual crisis pol\u00edtica y electoral agravan las problem\u00e1ticas estructurales ya existentes, como la falta de acceso a los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales, as\u00ed como la movilidad forzada de personas.<\/p>\n
El Estado venezolano est\u00e1 obligado internacionalmente a respetar y garantizar derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar, de manera inmediata, todo patr\u00f3n de represi\u00f3n y pr\u00e1cticas que buscan generar terror en su propia poblaci\u00f3n. Espec\u00edficamente, las autoridades de Venezuela deben:<\/p>\n
Restablecer de manera urgente el orden democr\u00e1tico y el Estado de Derecho, garantizando la independencia, el equilibrio de poderes y los derechos pol\u00edticos de la poblaci\u00f3n venezolana.
\nGarantizar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica electoral mediante la publicaci\u00f3n de la totalidad de las actas de votaci\u00f3n; permitir su escrutinio independiente y respetar la voluntad popular expresada en el voto, de conformidad con los est\u00e1ndares de derechos humanos.
\nOrdenar a las fuerzas p\u00fablicas a abstenerse del uso arbitrario de la fuerza.
\nGarantizar que los grupos armados no estatales que act\u00faan con su consentimiento, tolerancia o aquiescencia cesen la violencia de manera inmediata.
\nLiberar, inmediatamente, a las personas detenidas de manera arbitraria.
\nPrevenir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Espec\u00edficamente la desaparici\u00f3n forzada, incluso la de corta duraci\u00f3n; as\u00ed como los actos de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo actos de violencia sexual.
\nRespetar las garant\u00edas judiciales, incluyendo medidas para asegurar el debido proceso y defensa t\u00e9cnica de confianza, as\u00ed como garant\u00edas para ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, pueblos ind\u00edgenas y personas con discapacidad.
\nCesar la criminalizaci\u00f3n, hostigamiento y persecuci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos.
\nCesar de inmediato las acciones represivas dirigidas contra personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores pol\u00edticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicaci\u00f3n.
\nSuspender todas las estrategias de persecuci\u00f3n digital y aquellas que emplean tecnolog\u00edas para intimidar o silenciar a la poblaci\u00f3n, en particular, personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores pol\u00edticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicaci\u00f3n.
\nFinalmente, la CIDH anuncia la reactivaci\u00f3n de su Sala de Coordinaci\u00f3n y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) con el objeto de fortalecer el monitoreo, la protecci\u00f3n y la respuesta oportuna de sus mecanismos. La SACROI concentrara las capacidades institucionales y la coordinaci\u00f3n entre las \u00e1reas de la Secretar\u00eda Ejecutiva de la CIDH, la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n (RELE) y la Relator\u00eda Especial sobre los Derechos Econ\u00f3micos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).<\/p>\n
La Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n es una oficina creada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisf\u00e9rica del derecho a la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n, considerando su papel fundamental en la consolidaci\u00f3n y el desarrollo del sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
La CIDH es un \u00f3rgano principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n, y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH est\u00e1 integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t\u00edtulo personal y no representan a sus pa\u00edses de origen o residencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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