Washington, D.C. – La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n (RELE) condenan la represi\u00f3n contra personas manifestantes en el contexto poselectoral en Venezuela. Ante esta preocupante situaci\u00f3n, hacen un llamado al Estado para que respete el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, la reuni\u00f3n pac\u00edfica, el trabajo period\u00edstico, y garantice la seguridad de quienes se manifiestan.<\/p>\n
Desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espont\u00e1neas en todo el pa\u00eds, exigiendo atenci\u00f3n a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obst\u00e1culos al proceso de auditor\u00eda ciudadana. Seg\u00fan registros de medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y particulares, al menos 115 de estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el Estado, tras la previa advertencia del entonces candidato Nicol\u00e1s Maduro de que podr\u00eda haber “un ba\u00f1o de sangre y una guerra civil en el pa\u00eds”.<\/p>\n
La represi\u00f3n, que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia, se est\u00e1 dando con el apoyo de grupos civiles armados conocidos como “colectivos”. Estos grupos actuar\u00edan con el consentimiento estatal, seg\u00fan las organizaciones, bajo el “Sistema Popular de Protecci\u00f3n para la Paz”, que les habr\u00eda atribuido tareas de vigilancia, seguridad y contralor\u00eda social. La actuaci\u00f3n de los “colectivos” podr\u00eda generar la responsabilidad internacional del Estado por su tolerancia, colaboraci\u00f3n o aquiescencia del accionar de estos grupos en posibles graves y masivas violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n
En cuanto a las violaciones al derecho a la vida e integridad personal como resultado de la violenta represi\u00f3n, organizaciones de la sociedad civil han registrado m\u00e1s de 11 personas fallecidas, la mayor\u00eda j\u00f3venes, incluyendo al menos 2 adolescentes. Seg\u00fan informaci\u00f3n preliminar, al menos 9 de estas personas murieron por disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, lo que podr\u00eda caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales. La violencia tambi\u00e9n ha dejado m\u00e1s de 40 personas gravemente heridas.<\/p>\n
Respecto al derecho a la libertad, de acuerdo con informaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, al menos 1.062 personas han sido detenidas; organizaciones denuncian la detenci\u00f3n de adolescentes menores de 18 a\u00f1os, as\u00ed como patrones de persecuci\u00f3n contra estudiantes y personas con liderazgos universitarios. Las personas detenidas enfrentan acusaciones de terrorismo, entre otros delitos, y denuncian que no han podido elegir libremente a su defensa legal, en contravenci\u00f3n al debido proceso y al derecho a la defensa. Asimismo, se inform\u00f3 a la CIDH sobre, al menos, 11 desapariciones forzadas.<\/p>\n
En el marco del patr\u00f3n de persecuciones pol\u00edticas previamente advertido por la Comisi\u00f3n, los l\u00edderes de la oposici\u00f3n han sido amenazados e indiciados. El dirigente opositor y exdiputado Freddy Superlano fue detenido por autoridades venezolanas el 30 de julio y habr\u00eda sufrido torturas. La lideresa de oposici\u00f3n, Mar\u00eda Corina Machado, quien desde 2019 cuenta con medidas cautelares de la CIDH, ha sido intimidada por parte del Ministerio P\u00fablico simplemente por denunciar irregularidades en el conteo de votos. Tambi\u00e9n se han registrado amenazas a la residencia de la Embajada de la Rep\u00fablica Argentina -en donde se encuentran refugiadas al menos seis personas de la oposici\u00f3n- lo que gener\u00f3 preocupaci\u00f3n por las garant\u00edas de inviolabilidad de embajadas, especialmente, aquellas que brindan refugio a opositores pol\u00edticos.<\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n, se recibi\u00f3 informaci\u00f3n sobre bloqueos a medios de comunicaci\u00f3n y agresiones a periodistas y trabajadores de los medios, que incluyeron detenciones arbitrarias, impedimentos para la cobertura period\u00edstica y hostigamientos. Los registros indican al menos 60 casos de agresiones a la libertad de expresi\u00f3n, incluyendo al periodista Jes\u00fas Romero que result\u00f3 herido mientras cubr\u00eda manifestaciones. Cinco periodistas fueron detenidos por fuerzas del orden y al menos cuatro periodistas han sido deportados.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Interamericana reafirma que la protesta pac\u00edfica es un elemento fundamental en las sociedades democr\u00e1ticas que se rigen por los derechos humanos. El Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica, as\u00ed como agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el di\u00e1logo y la negociaci\u00f3n. Esto en cumplimiento de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Las armas de fuego deben ser excluidas en los operativos de control de protestas sociales para prevenir la violencia letal.<\/p>\n
Las autoridades de Venezuela deben, en el marco de la buena fe y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales derivadas de los derechos humanos, el derecho al asilo, el refugio y las relaciones diplom\u00e1ticas:<\/p>\n
Cesar inmediatamente las pr\u00e1cticas violatorias de derechos humanos.
\nAvanzar con investigaciones independientes, imparciales y transparentes, sancionando a los responsables materiales e intelectuales.
\nAbstenerse de criminalizar y liberar a quienes participan o apoyan las protestas, incluyendo a periodistas que las cubren.
\nRestablecer de manera urgente el orden democr\u00e1tico y el Estado de Derecho, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, incluyendo del Consejo Nacional Electoral.
\nFinalmente, la CIDH hace un llamado a la comunidad interamericana a mantenerse vigilante frente a la escalada de la crisis institucional en Venezuela y activar de forma concertada los canales diplom\u00e1ticos tanto bilaterales como multilaterales. Asimismo, se pone a disposici\u00f3n de los m\u00e1s distintos actores internacionales para sostener un di\u00e1logo de alto nivel con el fin de apoyar en la soluci\u00f3n duradera a la crisis democr\u00e1tica y de derechos humanos que perdura en el pa\u00eds desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os.<\/p>\n
La Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n es una oficina creada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisf\u00e9rica del derecho a la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n, considerando su papel fundamental en la consolidaci\u00f3n y el desarrollo del sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
La CIDH es un \u00f3rgano principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n, y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH est\u00e1 integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t\u00edtulo personal y no representan a sus pa\u00edses de origen o residencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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