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\n26.06.2024. Washington DC \u2013 Al cumplirse el segundo aniversario de la sentencia Dobbs v. JWHO , que revoc\u00f3 el derecho de acceso a servicios de salud para el aborto, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupaci\u00f3n por la proliferaci\u00f3n de marcos legales, pr\u00e1cticas y otros obst\u00e1culos que dificultan el acceso a los servicios de salud reproductiva en los Estados Unidos. La CIDH insta al gobierno a proteger el derecho a la vida, la salud y la integridad personal de mujeres y personas embarazadas.<\/p>\n
Dos a\u00f1os despu\u00e9s del fallo de la Corte Suprema, aproximadamente 33 estados tienen leyes que proh\u00edben o restringen el acceso a los servicios de aborto en diversos grados. La inconsistencia, ambig\u00fcedad y falta de claridad en algunas de estas leyes han causado incertidumbre entre los profesionales de la salud sobre lo que es legal, lo que puede comprometer la prestaci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica de calidad y receptiva por temor a sanciones. Esto incluye casos en los que la denegaci\u00f3n o demora de la atenci\u00f3n m\u00e9dica, incluso en emergencias, result\u00f3 en da\u00f1os evitables a la salud f\u00edsica y emocional de las mujeres.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n ha recibido informes de que el aumento del acoso, la violencia y las amenazas de violencia contra los profesionales de la salud y las instalaciones que brindan estos servicios han provocado que algunos trabajadores de la salud abandonen o eviten ejercer en estados donde el aborto est\u00e1 restringido o prohibido. Esto ha resultado en el cierre no s\u00f3lo de cl\u00ednicas de aborto sino tambi\u00e9n de salas de maternidad en los hospitales. Estas consecuencias afectan desproporcionadamente a las mujeres negras y nativas y a las personas embarazadas, quienes ya enfrentan, en promedio, tasas de mortalidad materna m\u00e1s altas en el pa\u00eds.<\/p>\n
En consecuencia, dependiendo de la ley estatal, las mujeres que buscan servicios de salud reproductiva han tenido que viajar a estados donde pueden acceder a ellos, lo que ha provocado hacinamiento y retrasos tambi\u00e9n en esos estados. Debido a los costos asociados con dichos viajes, las mujeres y adolescentes de bajos ingresos o empobrecidas, viajar entre estados donde el aborto est\u00e1 permitido a menudo no es posible , lo que exacerba las disparidades sociales y de salud existentes.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la falta de seguridad jur\u00eddica tambi\u00e9n afecta el acceso a otros servicios de salud necesarios para las mujeres. Por ejemplo, ha habido informes de retrasos en la prescripci\u00f3n de tratamientos contra el c\u00e1ncer debido al riesgo de interrumpir un embarazo. Tambi\u00e9n existe la preocupaci\u00f3n de que el lenguaje amplio utilizado en algunas leyes pueda limitar el acceso a los anticonceptivos . Adem\u00e1s, hay informes de que los registros de medicamentos recetados se comparten con las autoridades sin una orden judicial para fines de procesamiento.<\/p>\n
La protecci\u00f3n de la salud reproductiva es esencial para el desarrollo aut\u00f3nomo de las mujeres. El Estado est\u00e1 obligado a proporcionar servicios, instalaciones y bienes de salud que tengan en cuenta las necesidades espec\u00edficas de las mujeres e incorporen una perspectiva de g\u00e9nero que garantice un acceso real, de calidad y adecuado. Adem\u00e1s, se debe brindar una atenci\u00f3n integral y apropiada de acuerdo con las mejores pr\u00e1cticas cient\u00edficas y m\u00e9dicas para prevenir y tratar las complicaciones m\u00e9dicas relacionadas con el embarazo. En este contexto, el acceso al aborto seguro \u2014considerado un servicio de salud esencial por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud ( OMS )\u2014, as\u00ed como a otros servicios de salud que necesiten las personas embarazadas, es una cuesti\u00f3n de igualdad de g\u00e9nero .<\/p>\n
La CIDH valora los esfuerzos del gobierno para salvaguardar los derechos reproductivos protegidos a nivel federal y mitigar el impacto de las restrictivas leyes estatales sobre el aborto. Simult\u00e1neamente, en l\u00ednea con recomendaciones de diversos \u00f3rganos de tratados de las Naciones Unidas , la CIDH insta a la implementaci\u00f3n de los lineamientos de atenci\u00f3n del aborto 2022 de la OMS . Esto requiere eliminar las sanciones para quienes brindan, ayudan o buscan este servicio de salud, y fortalecer las protecciones de la confidencialidad de los profesionales m\u00e9dicos y la privacidad del paciente.<\/p>\n
Estados Unidos debe intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud reproductiva, incluida informaci\u00f3n precisa y con base cient\u00edfica sobre m\u00e9todos anticonceptivos, anticoncepci\u00f3n de emergencia y p\u00edldoras abortivas, as\u00ed como su uso seguro en todo el territorio nacional.<\/p>\n
Como organismo principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en esta \u00e1rea. La Comisi\u00f3n est\u00e1 compuesta por siete miembros independientes que son elegidos a t\u00edtulo individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus pa\u00edses de origen o residencia. \/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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