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\nWashington, D.C.- La Comisi\u00f3n Interamericana (CIDH) y la Relator\u00eda Especial sobre Derechos Econ\u00f3micos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de las Am\u00e9ricas y el Caribe a garantizar el derecho a la seguridad social, y particularmente el derecho a la pensi\u00f3n, a trav\u00e9s de sistemas previsionales sostenibles y previsibles. Las reformas de los modelos de gesti\u00f3n de las pensiones, la disposici\u00f3n de los fondos previsionales y los ajustes del monto de las pensiones deben estar orientados a garantizar una vejez digna, a partir de prestaciones que permitan adecuadas condiciones de vida.<\/p>\n
Respecto de los modelos de gesti\u00f3n de las pensiones, algunos Estados han recurrido a la estatizaci\u00f3n total de los fondos privados de pensiones y otros han determinado cotizaciones obligatorias a los sistemas nacionales de pensiones para solventar su financiamiento. Al respecto, cualquier modificaci\u00f3n al modelo de gesti\u00f3n previsional debe garantizar la transparencia y buena gesti\u00f3n financiera y administrativa de los fondos y la definici\u00f3n de una autoridad responsable. El Estado debe regular y fiscalizar la administraci\u00f3n de los fondos en el caso que est\u00e9 a cargo de actores privados.<\/p>\n
Asimismo, se observa que, en algunos Estados, se autoriza el uso de fondos previsionales gestionados por entidades privadas antes de la edad jubilatoria. Al respecto, la permisibilidad en la disposici\u00f3n de fondos previsionales anticipadamente puede generar contingencias en la vejez que comprometan el patrimonio de las personas mayores, oblig\u00e1ndolas a vender sus bienes o buscar trabajo, en una etapa vulnerable de la vida, como ha se\u00f1alado la Corte IDH. Por lo tanto, la regulaci\u00f3n estatal sobre las administradoras privadas de pensiones debe garantizar una gesti\u00f3n de los fondos que permita a las personas contar con los recursos suficientes para disfrutar de una vejez digna.<\/p>\n
La CIDH tambi\u00e9n observa discusiones sobre el destino legal de los fondos de pensiones que no son reclamados por sus titulares. Al respecto, se enfatiza que los fondos de pensiones son parte del patrimonio de una persona y se encuentran protegidos por el derecho de propiedad, por lo que cualquier afectaci\u00f3n a los fondos no reclamados debe ser consistente con las reglas de restricci\u00f3n del derecho a la propiedad establecidas en la Convenci\u00f3n Americana. En l\u00ednea con lo anterior, la regulaci\u00f3n de las entidades privadas de administraci\u00f3n de fondos para el retiro debe garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad de las personas mayores, como la libre disposici\u00f3n de sus bienes, as\u00ed como, prevenir el abuso y la enajenaci\u00f3n ilegal de su propiedad.<\/p>\n
De otro lado, en la regi\u00f3n se han adoptado nuevas f\u00f3rmulas para ajustar el monto de las pensiones peri\u00f3dicamente en contextos de alta inflaci\u00f3n. De acuerdo con la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT), el ingreso b\u00e1sico para personas mayores es una garant\u00eda de la protecci\u00f3n social y la actualizaci\u00f3n de las pensiones debe asegurar la suficiencia de su ingreso. La Corte Interamericana ha establecido que las prestaciones deben ser suficientes en importe y duraci\u00f3n para permitir a las personas jubiladas gozar de condiciones de vida adecuadas y de acceso suficiente a la atenci\u00f3n de salud, sin discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
En el informe sobre los derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protecci\u00f3n en las Am\u00e9ricas, la CIDH resalt\u00f3 positivamente que en varios pa\u00edses de las Am\u00e9ricas existen programas de apoyo a las personas mayores para el acceso sencillo y acompa\u00f1amiento legal en materia pensionaria. La OIT destaca como un principio de los sistemas de pensiones que se garantice la participaci\u00f3n y consulta de las partes interesadas en las pol\u00edticas de seguridad social. Por tanto, la CIDH y la REDESCA llaman a los Estados a involucrar a las personas mayores en los procesos de reforma previsionales.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n y la REDESCA reiteran que la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores dispone que los Estados adopten todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
En tal sentido, en el art\u00edculo 17, la mencionada Convenci\u00f3n consagra la seguridad social como un derecho que protege a las personas mayores para llevar una vida digna. Este derecho tambi\u00e9n est\u00e1 cobijado por la Declaraci\u00f3n Americana (Art\u00edculo XVI), la Carta de la OEA (art\u00edculos 45 y 46), la Convenci\u00f3n Americana (Art\u00edculo 26), el Protocolo de San Salvador (art\u00edculo 9), conforme a lo se\u00f1alado por la REDESCA en el compendio sobre derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales.<\/p>\n
Los Estados deben garantizar que las modificaciones a sus sistemas de pensiones est\u00e9n orientadas a asegurar la vejez digna a trav\u00e9s de fondos previsibles, suficientes, y gestionados administrativa y financieramente de modo transparente, con sostenibilidad fiscal, econ\u00f3mica y financiera, como disponen los instrumentos internacionales. En este marco, los Estados deben avanzar lo m\u00e1s expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad del derecho a la pensi\u00f3n de las personas mayores y, en consecuencia, no adoptar ninguna medida regresiva frente a su realizaci\u00f3n. La CIDH reitera que el derecho a la pensi\u00f3n no solo debe ser garantizado a trav\u00e9s de los sistemas contributivos, sino tambi\u00e9n en esquemas no contributivos dise\u00f1ados para personas trabajadoras que no cotizan o que prestan cuidados familiares.<\/p>\n
La CIDH es un \u00f3rgano principal y aut\u00f3nomo de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi\u00f3n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regi\u00f3n y act\u00faa como \u00f3rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH est\u00e1 integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t\u00edtulo personal, y no representan sus pa\u00edses de origen o residencia.<\/p>\n
La Relator\u00eda Especial sobre los Derechos Econ\u00f3micos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisi\u00f3n en esta materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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