Las decisiones del gobierno local en Córdoba han puesto de manifiesto una administración deficiente y una visión distorsionada del poder. Al tratar a los medios de comunicación como si fueran contratistas de alto riesgo, se ignora su papel fundamental como aliados en el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Esta situación refleja un cambio significativo en la relación entre el gobierno y la prensa, donde antes se exigía libertad y ahora se demanda una fianza.
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