El Gobierno de México respondió a la declaración de cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes manifestaron preocupación por la violencia que enfrentan las personas buscadoras, especialmente mujeres y madres que buscan a sus familiares desaparecidos. En su comunicado, la secretaria de Gobernación rechazó la existencia de un patrón estatal de desaparición forzada, a pesar de los asesinatos y desapariciones de buscadores.
La funcionaria condenó cualquier acto de violencia contra los colectivos de búsqueda, pero no especificó las acciones concretas que se están tomando para proteger a estas personas. Además, minimizó el pronunciamiento de la ONU, argumentando que los expertos actúan de manera independiente y sus opiniones no reflejan la postura oficial de la organización.
El Gobierno reconoció que persisten problemas en la búsqueda y acceso a la justicia, pero insistió en que no hay evidencia de un patrón de desapariciones forzadas. Esta respuesta se da luego de que los expertos de la ONU documentaron que desde 2020, 19 personas buscadoras han sido asesinadas en México, y 20 han sobrevivido a intentos de asesinato.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 12 de marzo de 2026, hay 132,061 personas desaparecidas en el país. En Chiapas, se reportan 1,918 desaparecidos, de los cuales 1,492 son hombres y 426 mujeres. Entre 2019 y 2026, 242 personas fueron localizadas sin vida después de haber sido reportadas como desaparecidas.
El informe también menciona el caso de Yerli Yaritza, una joven de 18 años asesinada en noviembre de 2025 mientras buscaba a su padre desaparecido. Asimismo, se hace referencia a amenazas y campañas de difamación contra integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia de Chiapas.
El Gobierno mexicano se comprometió a atender cada reporte de desaparición de manera individual y con diligencia. Se mencionaron diversas medidas, como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte. También se destacó la colaboración con organismos internacionales para mejorar la respuesta ante las desapariciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum había abordado previamente el tema, defendiendo las reformas legales y el incremento de recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, y afirmando que la desaparición forzada no corresponde a la situación actual en el país.
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