La administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificará su búsqueda de cualquier persona que colabore con cárteles del narcotráfico, sin importar su posición, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP). “Si ayudan o son cómplices de los cárteles, no nos importa si son el gobernador o si trabajan en una pequeña tienda. Los encontraremos y aseguraremos que paguen las consecuencias”, declaró Carter en una entrevista reciente con Voz Media.
Carter reiteró su mensaje el 8 de octubre, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el Gobierno mexicano por acusaciones de vínculos de políticos y funcionarios con organizaciones criminales. La advertencia no se limita a servidores públicos, sino que se extiende a cualquier persona que colabore con estos grupos.
La ONDCP compartió la entrevista en sus redes sociales, enfatizando que su estrategia incluye acciones contra funcionarios corruptos y cómplices de los cárteles. “No habrá un solo día en los próximos dos años y medio, y probablemente más allá de esta administración, en que cualquiera de esos miembros de los cárteles pueda dormir tranquilo”, afirmó.
Carter destacó que la estrategia involucra a diversas agencias federales estadounidenses, asegurando que se perseguirá a los colaboradores de los cárteles. También hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos, reconociendo que ambos gobiernos han trabajado juntos en materia de seguridad, pero sugiriendo que los esfuerzos deben ampliarse para combatir a las organizaciones criminales.
“Únanse a nosotros, detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos”, instó. Además, subrayó la necesidad de aumentar los recursos para las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad en México, una exigencia que coincide con la postura de Trump sobre la inversión insuficiente de México en la lucha contra el narcotráfico.
Carter también cuestionó la falta de resultados en la lucha contra las redes de distribución de drogas y el lavado de dinero en Estados Unidos, argumentando que el combate a los cárteles debe ser una acción conjunta de ambos países. Sus declaraciones surgen en un contexto de fricción bilateral por acusaciones de funcionarios mexicanos, como el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien solicitó licencia tras ser señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El Gobierno mexicano ha cuestionado la validez de las acusaciones y ha enfatizado que cualquier acción debe seguir los procedimientos legales correspondientes. En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Carter no anunció operaciones específicas contra gobernadores ni presentó nuevos nombres de funcionarios investigados, pero su mensaje subraya la intención de la administración Trump de perseguir a quienes considere colaboradores de organizaciones criminales.
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