Funcionarios estadounidenses han enfatizado su intención de desmantelar no solo a las organizaciones criminales, ahora catalogadas como terroristas, sino también sus conexiones corruptas con la política mexicana. Durante una reciente conferencia de prensa, el administrador de la DEA, Terrance Cole, advirtió: “Si trafican drogas mortales, lucran con el sufrimiento de otros o usan un cargo público para proteger a los cárteles, esta es su advertencia. La DEA va por ustedes.”
La estrategia de Estados Unidos ha experimentado un cambio significativo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025. Desde sus primeros días, Trump declaró la frontera con México como una zona de seguridad nacional, catalogando a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esto ha transformado la cooperación en materia de seguridad en una amenaza constante de decisiones unilaterales por parte de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha intensificado sus investigaciones penales, que podrían resultar en acusaciones formales y solicitudes de extradición. A diferencia de años anteriores, muchos mexicanos que enfrentan el Departamento de Justicia optan por negociar y cooperar, evitando el riesgo de un juicio. Joaquín “El Chapo” Guzmán, al observar los beneficios otorgados a sus hijos y otros miembros del Cártel de Sinaloa, podría lamentar no haber seguido esta estrategia.
La nueva táctica también incluye sanciones del Departamento del Tesoro a individuos relacionados con las ahora catalogadas “organizaciones terroristas”. Las sanciones permiten congelar cuentas y bienes, y están coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera en México, lo que podría resultar en el cierre de cuentas bancarias en el país.
Los funcionarios y políticos en la mira del gobierno estadounidense enfrentan decisiones críticas: entregarse antes de que se hagan públicas las acusaciones o negociar para evitar ser incluidos en la lista de sancionados. Morena y Movimiento Ciudadano deben evaluar cuidadosamente a sus candidatos para las elecciones de 2027, ya que podrían ser considerados como organizaciones que protegen a candidatos vinculados a cárteles.
Además, las agencias estadounidenses ofrecen recompensas millonarias por denuncias que relacionen a cárteles con políticos, lo que podría generar competencia desleal entre ellos. La falta de depuración de candidatos por parte de los partidos podría permitir que la injerencia estadounidense defina la integridad del partido y los resultados electorales.
Información vía fuente original
