La situación legal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha dado un giro significativo tras recibir una suspensión definitiva de un juzgado federal. Esta medida frena temporalmente el avance de su proceso penal por delitos como delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, emitida el 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, no implica que Ruffo haya sido exonerado. La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión solo detiene el procedimiento penal hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el amparo interpuesto por el exmandatario panista.
En un comunicado, la FGR subrayó que las investigaciones siguen en curso y que el expediente permanece abierto. La suspensión no elimina las acusaciones ni representa una decisión sobre el fondo del caso. La defensa de Ruffo Appel logró así una protección judicial que detiene temporalmente el desarrollo de su causa, pero la legalidad de su procesamiento aún está en discusión.
A pesar de la suspensión, Ruffo Appel continúa bajo prisión preventiva, aunque desde el 26 de septiembre cumple esta medida en su domicilio en Ensenada, Baja California. Este cambio fue autorizado por una jueza federal debido a su edad y problemas de salud, aunque las condiciones de vigilancia permanecen estrictas.
Las acusaciones contra Ruffo Appel están relacionadas con una investigación sobre una presunta red de contrabando de hidrocarburos. Se le vincula con la empresa Ingemar, que supuestamente utilizó ferrotanques para introducir combustible al país mediante declaraciones aduaneras irregulares. La FGR mantiene su compromiso de seguir con las indagatorias para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
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