El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso junto a siete personas más por su presunta implicación en una red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal. La decisión fue tomada por la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega tras una audiencia que duró más de 35 horas, donde el Ministerio Público Federal presentó pruebas para respaldar las acusaciones.
La jueza consideró que hay suficientes elementos para continuar con el proceso penal, aunque esto no implica una condena. La investigación se centra en una estructura que supuestamente introducía combustibles al país de manera irregular, evadiendo impuestos y controles aduaneros, lo que genera pérdidas millonarias para la Hacienda pública.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que el esquema incluía la declaración falsa de mercancías y el uso de empresas fachada para importar hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales. Esto no solo involucra delitos fiscales, sino que podría evidenciar una organización criminal dedicada a la comercialización ilícita de combustibles.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados negó las imputaciones y argumentó la falta de pruebas. Sin embargo, la jueza consideró que los elementos presentados son suficientes para seguir adelante con el proceso mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.
La FGR ha estado trabajando en este caso desde hace más de un año, como parte de su estrategia para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la investigación no es reciente, sino que se relaciona con movimientos irregulares detectados en administraciones anteriores.
El combate al huachicol fiscal es una prioridad para las autoridades federales, ya que esta modalidad de contrabando opera a través de operaciones de comercio exterior y evasión fiscal, lo que dificulta su detección. Ernesto Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en México y ha tenido una carrera política activa, ahora enfrenta un proceso que podría llevar a juicio, manteniendo la presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario.
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