El Congreso Local de Veracruz aprobó el pasado viernes la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García para eliminar el fuero, un privilegio legal que protegía a ciertos funcionarios de ser juzgados sin un proceso especial de desafuero. Este cambio busca evitar que los presidentes municipales puedan evadir la justicia mientras se lleva a cabo el proceso de desafuero.
Históricamente, el concepto de fuero se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, aunque algunos lo vinculan con un episodio del general Carlos Fuero, quien utilizó su influencia para salvar a un preso político. Sin embargo, el abuso de este privilegio ha sido evidente, con funcionarios que han utilizado el fuero para cometer delitos.
Veracruz no es la primera entidad en eliminar la inmunidad procesal para presidentes municipales. Estados como Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Nayarit, Campeche y Quintana Roo ya habían tomado medidas similares. Esta decisión cobra relevancia en un contexto donde tres presidentes municipales veracruzanos se encuentran prófugos de la justicia, dos de ellos desaforados recientemente el 5 de agosto, pertenecientes a Movimiento Ciudadano.
En los últimos 30 años, al menos ocho presidentes municipales de Veracruz han sido desaforados, incluyendo a Martín Padua Zúñiga de Chinameca en 2012 y a Sara Luz Herrera Cano de Alvarado en 2013, entre otros. Con la reciente aprobación, se espera que los funcionarios actúen con mayor responsabilidad y transparencia.
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