Samuel N., un repartidor de 24 años, fue agredido por la policía en Guadalajara durante una manifestación el 11 de octubre. Asegura que no participaba en la protesta, sino que simplemente pasaba por el lugar cuando varios agentes lo derribaron de su motocicleta y le robaron sus pertenencias, incluyendo su teléfono y herramientas de trabajo.
La madre de Samuel, Claudia Morales, afirma que su hijo no estaba involucrado en la movilización y que fue interceptado por la policía sin justificación. Videos que circulan en redes sociales muestran cómo los agentes lo someten en el suelo, sin que él haya agredido a nadie. Esta situación ha generado un amplio debate sobre la legalidad de las detenciones y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Estatal de Jalisco.
Samuel perdió no solo su libertad, sino también su motocicleta, que es esencial para su trabajo, ya que ayuda a su madre, quien está en tratamiento por cáncer. La familia exige respuestas sobre el paradero de sus pertenencias y la aclaración de los hechos. Claudia Morales ha solicitado que se revisen las grabaciones de la detención para demostrar que su hijo no estaba armado ni participaba en la protesta.
Tras su liberación, Samuel denunció que las agresiones continuaron en la Casa Jalisco, donde, según su relato, él y otros detenidos fueron golpeados y amenazados. “Los policías empezaron a agarrar gente de forma indiscriminada y mientras nos tenían sometidos, seguían los golpes y las amenazas”, declaró.
El caso de Samuel no es aislado, ya que otros detenidos también han reportado agresiones y lesiones durante su arresto. La situación jurídica de Samuel sigue siendo incierta, ya que enfrenta acusaciones penales que han generado preocupación sobre el trato que reciben los ciudadanos durante este tipo de operativos.
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