Tres personas fueron arrestadas en Coatzacoalcos el jueves, en el marco de las investigaciones por el homicidio de Guillermo Pamucé Yep, conocido como “El Chino Yep”, quien fue asesinado el 23 de septiembre en el fraccionamiento Veleros.
Entre los detenidos se encuentra Suhey “N”, apodada “La Princess”. La captura se llevó a cabo por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en un domicilio de la colonia Benito Juárez, donde también fueron aprehendidos dos hombres.
Las autoridades los consideran preliminarmente como posibles miembros de una célula delictiva activa en el sur de Veracruz. La pesquisa busca determinar su grado de implicación en el asesinato del dirigente político y su posible conexión con otros actos violentos en Coatzacoalcos.
Pamucé Yep, de 48 años, había sido regidor en Jáltipan y en el momento de su muerte ocupaba un cargo de coordinación estatal en el partido PAZ en Veracruz. Su asesinato ocurrió en una zona residencial, lo que generó una rápida respuesta de las fuerzas policiales y personal ministerial.
Tras el crimen, la Fiscalía estatal inició una serie de investigaciones y cateos en propiedades vinculadas a la víctima. En uno de estos operativos en el fraccionamiento Veleros, se encontraron armas de fuego, cartuchos, presuntas drogas, una báscula gramera, un inhibidor de señal y otros objetos que están siendo analizados.
La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, indicó que algunos de los elementos hallados podrían estar relacionados con delitos de competencia federal, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República.
Las autoridades también llevaron a cabo diligencias en otros inmuebles relacionados con el caso, donde se hallaron más objetos y sustancias para ser incorporados a la investigación.
Con las tres detenciones, la Fiscalía busca esclarecer el papel de cada uno de los sospechosos y reunir pruebas suficientes para presentar el caso ante un juez. Hasta el momento, no se ha determinado públicamente el motivo del asesinato ni quién ordenó o ejecutó el ataque. La situación jurídica de los detenidos se definirá conforme avance el proceso judicial, manteniéndose la presunción de inocencia hasta que se establezca una responsabilidad penal.
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