La situación en Movimiento Ciudadano se complica en Veracruz. La Fiscalía General del Estado ha solicitado al Congreso el desafuero de dos alcaldes: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, debido a serias acusaciones en su contra.
Ambos ediles han sido notificados y cuentan con siete días hábiles para presentar su defensa ante la Comisión Instructora del Congreso. Si los diputados consideran que hay pruebas suficientes, el caso se llevará al Pleno para decidir si se les retira el fuero. Es fundamental aclarar que el desafuero no implica culpabilidad; ambos mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
El impacto político ya es evidente, especialmente para Movimiento Ciudadano, que ha sido crítico de otros partidos. En el caso de Raúl González, se le relaciona con la investigación del homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Un testigo afirma haber escuchado una llamada entre el alcalde y un líder criminal, lo que podría tener graves repercusiones.
Por su parte, Bertín Bravo Montero enfrenta serias acusaciones relacionadas con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López. La Fiscalía afirma tener videograbaciones y testimonios que lo vinculan con el caso. Un mensaje enviado por el empresario a su pareja mientras se encontraba en casa del alcalde ha llamado la atención: “Sigo en casa de Bertín; vino el jefe de toda la zona, creo que es el jefe de plaza, me lo presentó y ya casi me voy, amor”. Desde entonces, no se ha tenido noticia de él ni de su escolta.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, será quien revise ambos casos y decida sobre el fuero de los alcaldes, permitiendo que enfrenten las investigaciones sin la protección constitucional que este les brinda.
En otro tema, la gobernadora Rocío Nahle anunció la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Minatitlán. Este será el primero en el sur de Veracruz y beneficiará a niños y adolescentes con discapacidad de 41 municipios, así como a familias de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El Estado aportará recursos y garantizará un subsidio anual durante 25 años para su operación. La meta de recaudación es de 427 millones de pesos, y de alcanzarse, la construcción iniciará el 11 de octubre de este año, con una conclusión prevista para octubre de 2027.
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