Las elecciones intermedias que se aproximan representan un momento crucial para el futuro político del país. En esta ocasión, 17 estados elegirán a sus gobernadores, 31 renovarán sus congresos locales y 500 diputados federales, mientras que Durango y Veracruz no renovarán sus ayuntamientos.
Sin embargo, el contexto en el que se llevarán a cabo estas elecciones es alarmante. La concentración de poder en la Presidencia ha debilitado los pesos y contrapesos, así como la autonomía de los órganos electorales. Esto genera preocupaciones sobre la imparcialidad del gobierno, que parece actuar con un enfoque partidista.
Uno de los problemas más graves es la influencia del crimen organizado en los procesos electorales. Las elecciones intermedias de 2021 dejaron un precedente preocupante, donde se registraron acciones delictivas, intimidación a candidatos y financiamiento ilícito de campañas. Aunque no todas las irregularidades fueron generalizadas, las denuncias en los lugares afectados no fueron investigadas adecuadamente.
Cuando las irregularidades no se sancionan, se normalizan y envían un mensaje a los poderes públicos, poniendo en riesgo no solo la legalidad de las elecciones, sino también la legitimidad del gobierno resultante. Actualmente, el partido en el poder ha tenido que implementar mecanismos para revisar las candidaturas y prevenir que personas con vínculos criminales lleguen a la boleta.
La responsabilidad de garantizar elecciones libres recae en instituciones independientes. Sin embargo, la polarización política y el debilitamiento del INE y del Tribunal Electoral dificultan su función como garantes de la legalidad.
México se enfrenta a una elección intermedia en un entorno complejo, muy alejado de la normalidad democrática que se estableció en 1997. La competencia por el voto es solo una parte del problema; lo que realmente está en juego es la capacidad del país para mantener elecciones que reflejen la voluntad ciudadana y asegurar que el crimen organizado no tenga cabida en la política.
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