Un grupo de periodistas, activistas feministas y madres buscadoras ha denunciado la existencia de un listado que compila datos personales de individuos considerados críticos o “no gratos” para el gobierno de Zacatecas. Este documento, que incluye información privada sobre algunos de los afectados, salió a la luz tras que varios de ellos fueran advertidos el 8 de septiembre sobre su inclusión en una lista utilizada para limitar el acceso a un evento oficial relacionado con el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila.
Los datos contenidos en la lista son alarmantes, ya que incluyen información médica, como padecimientos mentales, así como detalles sobre vehículos, domicilios, números telefónicos y direcciones completas. Esta situación ha sido calificada como un posible acto de espionaje, lo que ha generado un fuerte rechazo entre periodistas y organizaciones civiles.
Además, se han reportado supuestos “acuerdos” entre el gobierno y algunas de las víctimas, que incluyen ofrecimientos de apoyo como alimentos para mascotas o empleos para familiares, con el fin de silenciarlas. El documento, que lleva el membrete de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, ha suscitado preocupación debido a la inclusión de datos sensibles, que están protegidos por la legislación mexicana sobre privacidad.
La activista feminista María Luisa Sosa destacó que esta no es la primera vez que su nombre aparece en un listado de este tipo, recordando que durante la actual administración estatal ya había sido identificada como “non grata”. La inclusión de madres buscadoras es especialmente preocupante, dado su trabajo en la localización de personas desaparecidas y la exigencia de respuestas a las autoridades.
Las organizaciones que defienden la libertad de expresión han señalado los riesgos que enfrenta el periodismo en México, especialmente en un contexto de violencia como el que se vive en Zacatecas, donde la presencia del crimen organizado ha aumentado. Ante estas acusaciones, el gobierno estatal ha negado su responsabilidad en la creación del listado, aunque el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, admitió que el documento sí circula públicamente y solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar su origen.
La periodista Verónica Trujillo exigió que las autoridades no solo se deslinden de la elaboración del documento, sino que lleven a cabo una investigación que determine responsabilidades. Los afectados están buscando vías legales y han solicitado el apoyo de organizaciones que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos, mientras continúan demandando garantías para su seguridad y protección de sus datos personales.
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