El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que busca “fortalecer la transparencia en el Gobierno Federal”. Aunque la iniciativa promete más información y auditorías visibles, surge una preocupación fundamental: la falta de un garante independiente para la transparencia. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) fue disuelto en marzo de 2025, dejando a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como la única responsable de decidir qué información se publica y cuál se reserva.
El decreto se presenta como un avance en varios aspectos. En primer lugar, los contratos públicos se publicarán mensualmente en lugar de trimestralmente, lo que podría facilitar un seguimiento más cercano de las adquisiciones y obras. En segundo lugar, Pemex y CFE deberán proporcionar más información, incluyendo estados financieros y contratos de filiales. Tercero, se incrementará la publicación de datos sobre fiscalización y auditorías. Finalmente, se limitará la reserva de información a dos causales: seguridad nacional y procesos judiciales en curso.
Sin embargo, el contexto es crucial. La extinción del INAI, un organismo autónomo que garantizaba el acceso a la información, significa que ya no hay un mecanismo independiente que supervise la publicación de datos. Si un ciudadano solicita información y esta es negada, debe dirigirse a la misma Secretaría que forma parte del gobierno federal.
Mario Maldonado, columnista destacado, señala que la nueva medida concentra el control de la transparencia en la Secretaría Anticorrupción, lo que otorga al gobierno un mayor margen para decidir qué información puede ser reservada. Aunque el decreto establece que solo se podrá reservar información por razones de seguridad nacional o procesos judiciales, no define claramente qué constituye seguridad nacional, lo que podría permitir al gobierno ocultar información sensible.
Organizaciones como Agenda Estado de Derecho advierten que México enfrenta una “transparencia sin garantías”. A pesar de la mayor cantidad de información publicada, los mecanismos para exigirla son limitados. La sociedad civil debe demandar claridad en la definición de seguridad nacional, establecer mecanismos de revisión independiente y asegurar que la Plataforma Nacional de Transparencia sea accesible y actualizada.
El decreto de Sheinbaum plantea una contradicción: aunque se publicará más información, también se concentrará el control sobre qué datos permanecen en la opacidad. La pregunta que persiste es: ¿de qué sirve aumentar la cantidad de contratos publicados si no hay un organismo independiente que pueda exigir la divulgación de aquellos que el gobierno decide ocultar?
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