La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha desatado una crisis política y judicial en el país. Mariaca lideraba investigaciones contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien fue señalado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La aprehensión de Mariaca, realizada por la Policía boliviana, se llevó a cabo en el aeropuerto internacional Viru Viru, junto con otros funcionarios del Ministerio Público. El gobierno del presidente Rodrigo Paz afirmó que la operación contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), aunque subrayó que fueron agentes bolivianos quienes ejecutaron las detenciones. La Fiscalía, en cambio, denunció el procedimiento como irregular, calificando la detención de Mariaca como un “secuestro”.
Esta acción ocurrió dos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca y otros funcionarios, incluyéndolos en una lista negra por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La controversia se intensificó ya que Mariaca tenía bajo su responsabilidad investigaciones contra Cerimedo, quien enfrenta múltiples cargos, incluyendo tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito.
El caso también involucra al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien, al ser capturado, afirmó que Mariaca era uno de sus empleados y que recibía pagos mensuales a cambio de protección. Cerimedo, por su parte, está detenido en Bolivia por haber ordenado el asesinato de su pareja.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó a Mariaca de liderar una organización criminal en el Ministerio Público que protegía actividades narcotraficantes. Por otro lado, la defensa de Mariaca argumenta que sus derechos fueron vulnerados durante el procedimiento y ha presentado acciones legales que han sido rechazadas hasta ahora.
La situación ha llevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a discutir la posibilidad de nombrar un fiscal interino, mientras que Mariaca ha sido sustituido temporalmente por Luis Montaño Morales. Las autoridades han intervenido también en las instalaciones de la Fiscalía, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible destrucción de pruebas relacionadas con las investigaciones en curso.
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