La economía mexicana enfrenta una presión de costos que afecta a millones de hogares, aunque no se considera una carestía generalizada. Este fenómeno, descrito como una “carestía parcial y silenciosa”, impacta especialmente a las familias de menores ingresos, quienes sienten una crisis de poder adquisitivo. A pesar de que los indicadores macroeconómicos se mantienen estables, el dinero rinde cada vez menos para quienes menos tienen.
Según un informe del Centro Nacional de Estudios Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM, la inflación alimentaria supera de manera constante a la inflación general y al aumento de salarios en varios sectores. Los hogares con ingresos más bajos destinan entre el 75% y el 90% de su ingreso únicamente a la alimentación.
El estudio, publicado en octubre, revela que el costo de la canasta básica urbana está aumentando más rápidamente que los ingresos de muchas personas. A septiembre de 2026, la inflación general anual se sitúa en 3.45%, dentro del rango objetivo del Banco de México, que es del 3% ± 1%. Sin embargo, la inflación subyacente, que es más estable, se encuentra en 4.0%, mientras que los precios de los alimentos siguen incrementándose a un ritmo superior al promedio.
La situación es preocupante: aunque la inflación general oscila entre 3.3% y 3.5%, los precios de la canasta alimentaria urbana crecieron un 4.5% anual en agosto, alcanzando picos de más del 8% en meses anteriores. Productos esenciales como el jitomate y la cebolla han visto aumentos de más del 30% y 23%, respectivamente.
La carestía no se limita a la inflación; implica un encarecimiento sostenido de bienes de primera necesidad, lo que dificulta que los ingresos sean suficientes para adquirirlos, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
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