La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció la inclusión de seis cárteles mexicanos en la lista de organizaciones consideradas narcoterroristas. Esta decisión busca fortalecer la respuesta del país ante el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.
Los grupos mexicanos que han sido clasificados son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Además, se suman tres organizaciones colombianas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Fernández hizo el anuncio el 14 de octubre en la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad ubicada en San Rafael de Alajuela, que tiene capacidad para 5 mil 100 internos. La mandataria presentó esta medida como parte de una estrategia para evitar que las estructuras criminales internacionales se expandan en el territorio costarricense.
La inclusión de estos cárteles amplía la política de seguridad del país, que ya había declarado organizaciones terroristas a cuatro grupos de Medio Oriente durante el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves. Estos grupos son la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbolá, Hamás y Ansar Allah, conocidos como los hutíes de Yemen.
La nueva clasificación responde a la creciente preocupación por la violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica, que históricamente se ha considerado un país relativamente seguro en comparación con otros de la región. Las autoridades están trabajando para fortalecer las capacidades policiales, judiciales y penitenciarias ante el aumento de los homicidios y la rivalidad entre grupos criminales.
El CACCO es parte de esta estrategia y se basa en el modelo penitenciario de El Salvador, diseñado para albergar a individuos de alta peligrosidad. La administración de Fernández ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional en su lucha contra el crimen organizado.
Esta decisión también se da en un contexto regional donde Estados Unidos ha intensificado el uso de designaciones terroristas contra cárteles mexicanos y ha aumentado las sanciones financieras contra redes de tráfico de drogas. Sin embargo, la clasificación de Costa Rica es una decisión interna y sus implicaciones legales dependen de la legislación nacional.
Con esta medida, Costa Rica se une a otros gobiernos latinoamericanos que han adoptado la categoría de narcoterrorismo como parte de sus políticas de seguridad. La efectividad de esta clasificación dependerá de su implementación en investigaciones, acciones financieras y colaboración internacional, siempre respetando las garantías legales.
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