El 24 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició una consulta sobre los lineamientos destinados a proteger el derecho de las audiencias. Esta propuesta exige a las concesionarias de radio y televisión registrar códigos de ética y designar defensores de las audiencias, además de establecer procedimientos para presentar quejas y otorgar a la CRT la facultad de sancionar a quienes incumplan estas normativas.
Es fundamental que las audiencias reciban información plural y accesible. Sin embargo, surge la preocupación de que estas garantías democráticas se transformen en una estructura burocrática compleja, cuyo árbitro final es una autoridad vinculada al gobierno, cuya independencia frente al poder político ha sido objeto de cuestionamientos.
No está claro a quién se busca proteger ni bajo qué definición de audiencia. México no es una sociedad homogénea; está compuesta por ciudadanos con diversas convicciones y experiencias. La incomodidad del gobierno ante la pluralidad de la sociedad mexicana es evidente, especialmente cuando su narrativa se centra en la idea de un pueblo bueno y sabio.
Es cierto que las narrativas distorsionadas circulan en la vida pública, provenientes de diversas corrientes políticas. Sin embargo, silenciar a quienes las expresan no es la solución. La alternativa democrática consiste en refutarlas con argumentos y evidencia, dejando que la ciudadanía decida a quién otorgar atención y credibilidad.
Los lineamientos propuestos parecen buscar combatir las opiniones incómodas a través de una burocracia que administre la verdad. La desinformación no se erradica por decreto, sino mediante medios profesionales, educación crítica y ciudadanos capacitados para discernir. La Presidencia debe ser un actor en la conversación pública, pero no su árbitro. Silenciar voces no fortalece la democracia, sino que debilita el espacio necesario para una discusión efectiva.
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