La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó una reforma que elimina la declaración de procedencia como requisito para que las autoridades judiciales puedan proceder penalmente contra los titulares de presidencias municipales, concejos municipales y sindicaturas. Esta modificación, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, fue respaldada con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención.
El dictamen, elaborado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, señala que la eliminación de este requisito permitirá a las autoridades competentes actuar sin la necesidad de una autorización previa del Congreso del Estado. La Comisión argumenta que la figura de la declaración de procedencia no determina la existencia de un delito ni la responsabilidad de la persona acusada.
Con esta reforma, se busca evitar que la declaración de procedencia se convierta en un obstáculo para la investigación y persecución de delitos. La modificación se aplica únicamente a los cargos mencionados, manteniendo el régimen de responsabilidad para otros servidores públicos intacto.
Los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad que no incluyen a las autoridades municipales en el procedimiento por delitos del orden común. Legislaciones de otros estados, como Puebla y San Luis Potosí, ya han eliminado este requisito para sus autoridades municipales.
El diputado Alejandro Porras Marín, del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que nadie debería tener privilegios ante la ley y que la modificación no implica una declaración de culpabilidad. Por su parte, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, consideró la reforma como un avance contra la impunidad.
Desde el Partido Acción Nacional, el diputado Enrique Cambranis Torres expresó su preocupación por que la reforma solo aplique a autoridades municipales y sugirió que la declaración de procedencia podría perfeccionarse. La diputada María Elena Córdova Molina, del Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma no elimina el privilegio, sino que decide quién lo conserva. Finalmente, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, argumentó que la eliminación de la inmunidad procesal podría dar lugar a abusos de poder.
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