La LXVII Legislatura de Veracruz ha aprobado la armonización del Código Electoral del estado con las disposiciones constitucionales que regulan la elección de jueces. Esta actualización incluye cambios en la convocatoria general, la evaluación y postulación de candidatos, así como en la jornada electoral y el cómputo de resultados.
Durante la Décima Sesión Extraordinaria, la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva, presentó el dictamen de la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales. La iniciativa, impulsada por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue respaldada con 35 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.
Entre las novedades, se establece que el Congreso deberá publicar la convocatoria general a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección judicial. También se determina que la información sobre los cargos debe ser remitida al Congreso en los primeros diez días de abril del año anterior a la elección.
Las reformas incluyen la creación de Comités de Evaluación de los Poderes del Estado, que se encargarán de elaborar un listado de los cuatro mejores evaluados para cada cargo, reduciéndolo a dos mediante un proceso de insaculación pública. Además, se regulará la información que deben presentar los jueces que deseen postularse para otros cargos.
Respecto a la jornada electoral, se especifica que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinará la ubicación de las casillas y que la elección judicial se llevará a cabo sin la participación de representantes de partidos políticos.
Los resultados se computarán públicamente en los órganos designados por el Consejo General, que emitirán constancias de resultados para su posterior sumatoria final.
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) deberá resolver los medios de impugnación relacionados con los resultados antes de la toma de protesta de los nuevos funcionarios.
Diputados como Felipe Pineda Barradas, del Grupo Legislativo de Morena, defendieron la reforma, argumentando que aporta certeza y fortalece la calidad democrática. Sin embargo, la diputada Montserrat Ortega Ruiz expresó su desacuerdo, afirmando que la reforma compromete el sistema jurisdiccional y los mecanismos de control democrático. Por su parte, la diputada María Elena Córdova Molina advirtió sobre la posible afectación a la autonomía judicial debido a la mezcla de evaluaciones y decisiones de mayorías.
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