La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó por mayoría calificada los procedimientos de Declaración de Procedencia en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván y Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, respectivamente. Esta decisión se tomó en base a las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora, que evaluó las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Durante una sesión privada, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, declaró al Pleno Jurado de Procedencia antes de proceder con la lectura de los dictámenes. La Comisión Permanente Instructora es la encargada de llevar a cabo el procedimiento, así como de realizar las audiencias de pruebas y alegatos entre los implicados y los representantes de la Fiscalía.
Conforme a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, se permitió a cada uno de los presidentes municipales el uso de la voz para defender sus intereses, aunque fueron retirados del Recinto junto a sus defensores legales durante el proceso. La Constitución Política del Estado de Veracruz, en su Artículo 33, fracción XXV, otorga al Congreso la facultad de decidir si procede o no en casos de acusaciones contra servidores públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
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