Política

Congreso aprueba sanciones por cohabitación forzada de menores

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Congreso aprueba sanciones por cohabitación forzada de menores

El Pleno de la LXVII Legislatura ha dado luz verde a un nuevo capítulo en el Código Penal, que tipifica la cohabitación forzada de menores de 18 años. Esta reforma, aprobada por unanimidad con 48 votos a favor, establece penas de ocho a 15 años de prisión y multas que oscilan entre mil y 2 mil 500 UMAs para quienes incurran en este delito.

La iniciativa, presentada el 21 de mayo por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, busca proteger a los menores de ser obligados a mantener uniones informales o consuetudinarias. Según el Artículo 190 Octodecies, se considera delito obligar, coaccionar o inducir a un menor a convivir de manera constante con otra persona, ya sea de su misma edad o mayor de 18 años, como si fueran un matrimonio.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, respaldan esta medida, argumentando que la cohabitación forzada puede comprometer la libertad y el desarrollo integral de los menores. La legislación vigente ya establece los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, y esta reforma busca reforzar esa protección desde el ámbito penal.

La diputada Liud Herrera Félix, del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que esta reforma es un paso necesario para erradicar la práctica de forzar a menores a vivir en uniones no deseadas. A su vez, la diputada Roxana Barragán Hernández, del PVEM, enfatizó la importancia de ofrecer apoyo psicológico a quienes hayan vivido estas situaciones, asegurando que deben ser tratados con respeto y sin culpa.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, destacó que esta normatividad representa un compromiso con la protección de la niñez veracruzana, instando a los sistemas DIF a supervisar su cumplimiento. Por su parte, Elizabeth Morales García, del PT, enfatizó la necesidad de aplicar esta nueva legislación con responsabilidad, mientras que Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, consideró que esta reforma es un avance en la lucha contra prácticas perjudiciales para las comunidades.

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