El Congreso del Estado de Veracruz ha determinado, por mayoría calificada, que procede la Declaración de Procedencia en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. Esta decisión se basa en las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora y fue solicitada por la Fiscalía General del Estado.
En una sesión privada, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio inicio al Pleno Jurado de Procedencia. Posteriormente, se procedió a la lectura de los dictámenes elaborados por la Comisión Permanente Instructora, que se encarga de llevar a cabo las audiencias de pruebas y alegatos entre los acusados y los representantes de la Fiscalía.
Para garantizar el derecho de audiencia, se permitió a ambos munícipes expresarse por separado antes de continuar con el procedimiento. Durante estos momentos, los servidores públicos y sus defensas fueron retirados del Recinto.
La Constitución Política del Estado de Veracruz otorga al Congreso la facultad de decidir si procede o no la acción contra servidores públicos acusados de delitos, como se establece en la fracción XXV del Artículo 33. Además, el Artículo 78 especifica que esta atribución se aplica a delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo, incluyendo a presidentes municipales y otros funcionarios.
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