La LXVII Legislatura de Veracruz autorizó una ampliación presupuestal de 100 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE) con el objetivo de mejorar su operatividad y la atención a la ciudadanía. La decisión se tomó con 45 votos a favor y un voto en contra durante la segunda sesión del Primer Periodo Ordinario del tercer año de labores.
El dictamen, presentado por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, modifica el Artículo 21 del Decreto Número 491 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2026. La Comisión de Hacienda del Estado destacó que esta inversión es de orden público y social, destinada a subsanar el déficit operativo de las fiscalías regionales.
“Al robustecer la Dirección General de Servicios Periciales y rehabilitar espacios fundamentales como el Servicio Médico Forense de Álamo, Veracruz, el Estado cumple con su mandato legal y fortalece el Estado de Derecho”, se indicó en el dictamen.
La ampliación se financiará con Recursos Fiscales Propios del Ejercicio Fiscal 2026, garantizando que no afectará el equilibrio presupuestario ni la sostenibilidad financiera del Estado. La Comisión también subrayó que la solicitud cuenta con la documentación técnica necesaria y está alineada con las funciones sustantivas de procuración de justicia.
La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que este aumento busca fortalecer las capacidades de la Fiscalía para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del PVEM, destacó que los recursos se destinarán a capacitación y adiestramiento.
La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del PAN, y la legisladora María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, también expresaron su apoyo a la medida, resaltando la importancia de contar con una Fiscalía eficaz. La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, confió en que los recursos se traduzcan en una disminución de las estadísticas delictivas.
El diputado Héctor Yunes Landa, aunque no se opuso a la ampliación, criticó la falta de transparencia en el proceso legislativo, argumentando que los documentos relevantes no fueron accesibles para los legisladores.
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