Casi 500 personas se encuentran desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, según informó Abelardo de la Spriella. La decisión del Gobierno colombiano de no activar equipos internacionales de búsqueda y rescate ha generado controversia en medio de la emergencia.
La polémica comenzó cuando Javier Pava, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recomendó no solicitar brigadas extranjeras, argumentando que el país contaba con la capacidad suficiente para atender la situación con sus propios equipos especializados.
En una comunicación al canciller Omar Bula Escobar, Pava explicó que, tras una evaluación inicial, no era necesario incorporar grupos internacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR). Esta decisión se sustentó en que el equipo USAR COL-1, con más de 160 especialistas y cuatro caninos, había recibido recientemente la certificación internacional de INSARAG, cumpliendo con los estándares de la ONU.
Sin embargo, el contexto político se complicó cuando se conocieron las ofertas de asistencia internacional. Países como México, El Salvador, Perú, Estados Unidos e Israel ofrecieron enviar rescatistas, pero el Gobierno colombiano priorizó la ayuda humanitaria y logística en lugar de aceptar de inmediato a todas las brigadas.
Pava indicó que algunas de las ofertas no cumplían con los requisitos de certificación, mientras que otras eran consideradas menos útiles que la tecnología y especialistas en coordinación de desastres. Esto generó controversia, especialmente en el caso de México, cuyos Topos, reconocidos internacionalmente, se prepararon para ayudar. Héctor Méndez, conocido como “Topo Mayor”, confirmó que el grupo estaba listo para llegar a Colombia, pero su autorización formal estaba en discusión.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, subrayó la urgencia de la situación, advirtiendo que la “ventana de vida” para encontrar sobrevivientes estaba cerrándose. A pesar de las dificultades para los equipos mexicanos, el Gobierno colombiano comenzó a aceptar otros apoyos internacionales.
La situación se tornó más compleja por las diferencias políticas entre los países que ofrecieron ayuda. Mientras que México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, se alineó con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, Estados Unidos e Israel, que también ofrecieron asistencia, fueron considerados para las operaciones bajo criterios establecidos por Bogotá.
Pava reconoció que existieron consideraciones políticas en torno a algunas ofertas, lo que ha llevado a cuestionar si la selección de la ayuda extranjera se basó únicamente en criterios técnicos.
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