La investigación federal sobre el contrabando de combustibles dio un nuevo paso el 8 de octubre con la vinculación a proceso de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el Capitán Sol. Este exintegrante de la Secretaría de Marina es señalado por su posible participación en una red dedicada al huachicol fiscal.
Una jueza federal determinó que hay suficientes elementos para que Solano Ruiz enfrente cargos por delincuencia organizada en relación con delitos en materia de hidrocarburos. Esta decisión no implica una declaración de culpabilidad, pero permite que continúe la investigación judicial a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
El exmarino permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La audiencia se llevó a cabo tras la solicitud de su defensa para ampliar el plazo constitucional para resolver su situación jurídica.
La FGR lo identifica como presunto miembro de la organización conocida como Los Primos, vinculada a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Se investiga si esta estructura facilitó la entrada de combustibles al país mediante operaciones marítimas y documentación aduanera que falsificaba la naturaleza de los cargamentos.
Según las acusaciones, Solano Ruiz actuó como enlace entre la organización y personal de operaciones aduaneras y navales. También se le atribuyen gestiones para entregar sobornos a cambio de facilitar el movimiento de los cargamentos. Estos señalamientos serán analizados durante el proceso judicial.
El huachicol fiscal se refiere a la introducción o comercialización de combustibles mediante mecanismos de evasión de obligaciones tributarias y aduaneras, como la declaración de hidrocarburos bajo una clasificación diferente para evitar el pago de impuestos. A diferencia del robo de combustible, esta modalidad utiliza operaciones comerciales y documentación que encubre la verdadera naturaleza de la mercancía.
Las autoridades buscan esclarecer cómo ingresaron los cargamentos, quiénes participaron en la documentación aduanera y cómo se distribuyeron los beneficios económicos de estas operaciones. La investigación ha revelado que se introdujeron al menos 564 millones de litros de combustible, declarados como aditivos para lubricantes, entre 2023 y 2026, utilizando 69 embarcaciones y cuatro aduanas.
La magnitud del caso ha llevado a las autoridades a revisar posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios públicos. Sin embargo, el hecho de que se mencionen nombres en una investigación no implica automáticamente culpabilidad; la responsabilidad debe ser probada en los tribunales.
Solano Ruiz fue detenido el 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, y trasladado a El Altiplano. La investigación también abarca a los hermanos Farías Laguna, presuntos líderes de la red. Durante la audiencia, Solano Ruiz optó por no declarar, lo que es un derecho procesal y no implica culpabilidad. Su defensa planea impugnar la resolución judicial.
El plazo de seis meses para la investigación complementaria será crucial para que la FGR fortalezca su caso y para que la defensa pueda analizar y refutar las pruebas. La vinculación a proceso del Capitán Sol es un avance en la causa penal, pero aún quedan muchas preguntas sobre el alcance de la red y las responsabilidades de otros involucrados.
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