El Cabildo de Veracruz, liderado por la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo, aprobó por mayoría un decreto propuesto por la gobernadora Rocío Nahle García. Esta iniciativa busca eliminar la declaración de procedencia como requisito para iniciar procesos penales contra presidentes y síndicos municipales, a través de una reforma constitucional.
La propuesta, que ya contaba con el respaldo de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, fue presentada en una sesión extraordinaria por el síndico único, Alfonso Cruz Corona. Se argumentó que el ejercicio de la función pública implica responsabilidades ante la sociedad y no debe otorgar privilegios a los funcionarios.
Si se aprueba la modificación al artículo 78 de la Constitución estatal, las autoridades podrán proceder penalmente contra los titulares de la presidencia municipal y la sindicatura sin necesidad de autorización previa del Congreso del Estado. Esto tiene como objetivo eliminar privilegios procesales y fortalecer la responsabilidad pública.
El proyecto garantiza la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso, asegurando que cualquier acción se realice conforme a la ley. El acuerdo del Cabildo será enviado al Congreso del Estado para continuar con el proceso de reforma constitucional.
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