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El 27 de febrero, en Sinaloa, fue asesinada Rubí Patricia Gómez-Tagle Robles, madre buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
Rubí buscaba a su hijo, desaparecido en 2025 en Mazatlán.
Tenía programada una jornada de búsqueda en Concordia.
No llegó.
Fue encontrada sin vida.
Esto ocurrió mientras autoridades federales realizaban una gira de seguridad en la entidad, en medio de discursos oficiales sobre estabilidad y control territorial.
La contradicción no es simbólica.
Es estructural.
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Desde 2010, al menos 34 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México. La mayoría, mujeres que decidieron buscar cuando el Estado no buscó.
¿Por qué ocurre esto?
Porque las madres buscadoras:
• Exponen omisiones institucionales.
• Señalan negligencias ministeriales.
• Presionan fiscalías.
• Documentan fosas clandestinas.
• Nombran lo que el poder quiso ocultar.
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Y cuando el Estado no garantiza protección diferenciada, la omisión también es violencia.
Desde una perspectiva feminista lo decimos con claridad:
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No es solo un homicidio.
Es violencia contra una defensora de derechos humanos.
Es violencia contra una mujer que transformó el duelo en acción colectiva.
Es violencia contra el derecho a exigir justicia.
¿Dónde estaba el mecanismo de protección?
¿Dónde el protocolo especializado para familiares buscadores?
¿Dónde la prevención?
Decir que “la fiscalía investiga” no sustituye la obligación de proteger.
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Las madres no deberían excavar con miedo.
No deberían organizarse bajo amenaza.
No deberían morir por buscar.
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A las familias de Sinaloa:
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Seguiremos acompañando.
Seguiremos denunciando.
Seguiremos nombrando a cada madre.
Hasta encontrarles.
Hasta que la justicia deje de ser discurso.
Hasta que buscar no sea una sentencia de muerte.
