La Consejería Jurídica de la Presidencia aclaró la situación de Jasmine Bugarín Rodríguez, designada coordinadora de Morena en Nayarit, en medio de controversias sobre su nacionalidad. En la conferencia matutina, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Bugarín renunció a su segunda nacionalidad en 2018.
Alcalde explicó que este trámite se realizó antes de la aprobación de la reforma constitucional que impone restricciones a quienes tengan más de una nacionalidad y busquen ciertos cargos de elección popular. La funcionaria subrayó que esta reforma no afectará la elección de Nayarit en 2027, ya que las nuevas disposiciones entrarán en vigor hasta el proceso electoral de 2028.
La reforma, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, establece la nacionalidad única como requisito para aspirar a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Este cambio ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, y ahora se encuentra en manos de las legislaturas estatales.
Alcalde destacó que Bugarín realizó su trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de que se implementaran las nuevas exigencias. La Consejería Jurídica presentó esta información para aclarar la situación de la legisladora con licencia, quien nació en California, Estados Unidos.
La discusión sobre su nacionalidad surgió tras su nombramiento como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit, un cargo relacionado con el proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura en 2027. La consejera jurídica también recordó que nacer fuera de México no impide obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento, según lo establece el artículo 30 constitucional.
Finalmente, Alcalde mencionó que, tras la reforma constitucional, será necesario ajustar la legislación para definir los procedimientos que deberán seguir quienes se vean afectados por las nuevas disposiciones. En Nayarit, el Congreso local ya aprobó la reforma, pero el régimen transitorio asegura que el proceso electoral de 2027 se regirá por las normas vigentes.
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