La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto 8 mil 145 carpetas de investigación por lavado de dinero entre 2006 y 2026, pero solo ha logrado 17 sentencias condenatorias firmes, lo que representa una alarmante tasa de eficiencia del 0.2 por ciento. Este dato no es solo una cifra, sino una señal de la limitada capacidad del Estado mexicano para investigar y sancionar delitos financieros de gran impacto.
La apertura de una carpeta de investigación debe ser el inicio de un proceso que culmine en pruebas sólidas y condenas efectivas. Sin embargo, con solo 17 condenas de un total de 8 mil 145 casos, surge la pregunta de si realmente se está investigando o simplemente se están gestionando expedientes.
La confianza en el sistema de justicia se basa en tres pilares: la investigación del delito, la valoración rigurosa de las pruebas y la posibilidad de sanción. La baja proporción entre investigaciones y condenas socava estas expectativas.
El lavado de dinero es un delito fundamental, ya que permite que recursos ilícitos de actividades como el narcotráfico, la extorsión y la corrupción se conviertan en bienes y poder económico. La escasa cantidad de condenas en este ámbito tiene un efecto multiplicador, ya que si el dinero ilícito no es perseguido, el crimen organizado mantiene su capacidad operativa y de financiamiento.
De las 17 sentencias firmes reportadas en dos décadas, solo ocho involucraron a miembros de grupos del crimen organizado. Este fenómeno no se limita a un solo gobierno o partido, ya que ha persistido a través de distintas administraciones desde 2006. Esto sugiere que el problema es estructural, con deficiencias en la especialización de inteligencia financiera y falta de coordinación entre las diferentes autoridades.
La impunidad se ha vuelto un problema transversal que afecta la confianza de ciudadanos y empresas, debilitando la función disuasiva de la justicia. La FGR suele emitir comunicados sobre su actividad, pero es crucial diferenciar entre vinculaciones a proceso y sentencias firmes, ya que una vinculación no equivale a una condena.
Para restaurar la credibilidad, es necesario que la FGR publique indicadores claros sobre el avance de los casos, diferenciando entre carpetas iniciadas, concluidas y sentencias firmes. La efectividad de un sistema de justicia no se mide por la cantidad de investigaciones abiertas, sino por su capacidad para convertir denuncias en justicia. Con solo 17 sentencias firmes frente a más de 8 mil investigaciones, México enfrenta una crisis de eficacia que alimenta la percepción de impunidad.
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