La reforma conocida como “ley antimemes” ha avanzado en la Cámara de Diputados, tras ser aprobada por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. El dictamen, que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor, establece nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet en relación a contenidos que puedan infringir derechos de autor.
Con 18 votos a favor y seis en contra, la comisión también rechazó dos reservas propuestas por legisladores del Partido Acción Nacional. Este proyecto, que se origina de una iniciativa del Ejecutivo federal presentada en junio de 2026, busca cambiar el régimen de responsabilidad de los proveedores de internet, introduciendo una responsabilidad secundaria en caso de incumplimiento de obligaciones relacionadas con derechos de autor.
Entre los cambios destacados, se incluye la obligación de los proveedores de implementar mecanismos para gestionar denuncias sobre contenido que supuestamente infrinja derechos de autor. También se prevén sanciones para usuarios reincidentes, que podrían incluir la suspensión del servicio.
La reforma se inspira en el modelo de “notice and takedown”, que ya existe en la legislación mexicana, donde los proveedores deben retirar contenido tras recibir un aviso de posible infracción. Sin embargo, la nueva propuesta busca modificar las responsabilidades de estos intermediarios digitales.
El debate ha girado en torno a las implicaciones que tendría sobre contenidos digitales como memes y parodias. Aunque el término “ley antimemes” no es el nombre oficial del proyecto, se utiliza ampliamente debido a sus efectos potenciales en este tipo de material. La discusión también abarca contenidos generados por inteligencia artificial, obligando a los proveedores a actuar ante vulneraciones de derechos de autor en este ámbito.
Durante la discusión, la diputada panista María Angélica Granados propuso una reserva para incluir la protección de la libertad de expresión y la actividad periodística, pero fue desestimada por la mayoría de la comisión. Además, se prevén sanciones económicas para los proveedores que no cumplan con las nuevas obligaciones, con multas que podrían alcanzar hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización, lo que representa varios millones de pesos.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indicó que el dictamen no se discutiría ese día en el Pleno, programándose su análisis para la siguiente semana. Aclaró que aún no se considera la reforma como ley vigente, ya que debe ser debatida y votada en el Pleno antes de avanzar al Senado.
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