Argentina ha tomado una postura firme en relación con la permanencia de personas buscadas por la justicia internacional al confirmar la expulsión del excontraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna. Este individuo es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser parte de una red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la operación y subrayó que “Argentina no es refugio de delincuentes”. Farías Laguna había solicitado asilo en Argentina para evitar su regreso a México, pero su petición fue denegada, lo que facilitó su expulsión.
La expulsión se concretó en la madrugada del viernes, cuando el exmando naval fue trasladado a México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. Farías Laguna había sido detenido el 23 de abril en Buenos Aires, tras entrar al país con un pasaporte guatemalteco falso.
Aunque inicialmente se había solicitado su extradición a México, el proceso fue modificado y finalmente se optó por la expulsión. La operación involucró a varias agencias argentinas, incluyendo la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.
El excontraalmirante llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una aeronave de la Secretaría de Marina, con una escala en Cali, Colombia. A su llegada, fue examinado por un médico legista y luego trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permanecerá bajo custodia.
La FGR lo investiga por su supuesta participación en una organización que contrabandeaba combustibles, con un daño económico estimado en más de 340 millones de pesos. La investigación ha llevado a la detención de 16 personas, incluidos exservidores públicos y empleados de empresas relacionadas con el transporte de combustibles.
Fernando Farías Laguna es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien también enfrenta acusaciones en el mismo caso. La investigación ha revelado una compleja estructura de contrabando que utilizaba documentación falsa para evadir impuestos.
La declaración de Monteoliva resalta una política de seguridad más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca cerrar las puertas a extranjeros que intentan evadir la justicia en sus países.
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