En Veracruz, la ansiedad por el poder ha llevado a algunos políticos a anticipar sus campañas, eludiendo las restricciones legales. A través de actividades disfrazadas como “recorridos de agradecimiento” y “encuentros ciudadanos”, buscan captar votos antes de que inicien formalmente las campañas.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Gilberto de Jesús Salazar Ceballos, advirtió que estas acciones pueden comprometer el registro de candidaturas en caso de reincidencia o gravedad de las infracciones. “No se trata de una amenaza. Se trata de la aplicación de la ley”, enfatizó.
La legislación electoral mexicana busca garantizar la equidad en las elecciones, impidiendo que quienes cuentan con más recursos o influencia obtengan ventajas desleales. Sin embargo, algunos políticos parecen considerar las sanciones como un costo asumible, optando por pagar multas y continuar con sus estrategias de campaña anticipada.
Salazar Ceballos aclaró que aparecer en el padrón de sancionados no significa automáticamente perder el derecho a ser candidato, pero la reincidencia puede cambiar este panorama. La diferencia radica entre una falta aislada y una estrategia sistemática para evadir la ley.
La jurisprudencia electoral ha demostrado que el análisis de actos anticipados no se basa solo en las palabras, sino en el contexto y la intención detrás de ellos. Cambiar el nombre de un evento no convierte una campaña en una reunión ciudadana, y la simulación deja huellas.
En Veracruz, ya se observa una competencia por dominar espacios publicitarios, mientras los aspirantes aseguran respetar la ley. Sin embargo, esta estrategia puede volverse en su contra, ya que la propaganda anticipada podría ser utilizada por adversarios para impugnar candidaturas.
La democracia exige competencia justa y respeto a las reglas. Aquellos que rompen la ley antes de ser candidatos muestran cómo piensan ejercer el poder en el futuro.
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