Defensores y defensoras de los derechos
humanos, periodistas y manifestantes
seguían exponiéndose a la criminalización,
el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la
muerte.
Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, con persistente impunidad.
Las desapariciones eran motivo de honda preocupación, pero se
temía que el gobierno minimizara la magnitud de la cuestión. Quienes buscaban a personas desaparecidas corrían grave peligro.
La práctica de la detención arbitraria seguía sin remitir, y la independencia judicial se veía amenazada
por las reformas constitucionales. Los índices de violencia de género, feminicidio y transfeminicidio eran altos.
Mejoró el acceso al aborto, pero algunos estados aún no lo habían despenalizado. Las personas solicitantes de asilo sufrían demoras en la tramitación de sus solicitudes y se veían privadas de sus derechos básicos. Las
condiciones en la frontera eran cada vez más peligrosas para las personas que migraban a Estados Unidos y esperaban las citas de inmigración.
Se reconoció en la Constitución a los pueblos indígenas y
afrodescendientes. El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de
combustibles fósiles. La vía férrea Tren
Maya y el Aeropuerto Internacional de
Tulum siguieron funcionando, pese a la
preocupación que suscitaba su impacto
ambiental.
En junio, Claudia Sheinbaum Pardo fue
elegida presidenta de México; era la primera
mujer que accedía al cargo. Las elecciones
fueron las más violentas de las que se tenía
registro en el país, habiendo sido asesinadas
al menos 41 personas candidatas a ejercer
un cargo público, según el grupo de estudios
Laboratorio Electoral.
Durante los 17 años transcurridos desde
que comenzara la intensa participación de
los militares en las operaciones de seguridad
pública, el número de desapariciones
forzadas y asesinatos no había dejado de
aumentar. En septiembre, el Congreso
aprobó una reforma constitucional para
colocar a la Guardia Nacional bajo el control
de las fuerzas armadas (la Secretaría de la
Defensa Nacional, SEDENA), con lo que la
seguridad pública quedó militarizada.1
En junio se promulgaron unas reformas
polémicas de las leyes sobre la amnistía y el
amparo (protección judicial de los derechos
constitucionales). Permitían a la presidencia
conceder la amnistía, sin restricciones, a
toda persona que proporcionara información
para investigaciones y prohibían
determinadas suspensiones provisionales,
aun cuando pudieran servir para evitar
violaciones de derechos humanos.
En septiembre se promulgó una reforma
constitucional que permitía la elección
popular de los cargos judiciales a todos los
niveles y posibilitaba la creación de los
denominados
