Activistas de diversas organizaciones en México han expresado su oposición al proyecto de Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, argumentando que incluye disposiciones que podrían facilitar la eutanasia de animales como medida de control. Durante una conferencia simultánea en varios estados, Lourdes Jiménez, representante del capítulo Veracruz de la Confederación por los Derechos Animales de México, destacó que la organización agrupa a más de 350 asociaciones en 27 estados.
Jiménez cuestionó que el dictamen permita sacrificar animales rescatados que no puedan ser reubicados o que no cuenten con un entorno adecuado para su bienestar. “Todo lo resuelve matando a los animales”, afirmó, ejemplificando que esta medida podría aplicarse a mascotas en situación de calle y a especies como delfines sin espacio para su reubicación.
Otro punto de preocupación es la restricción en la adopción de animales que hayan sido utilizados en labores de trabajo, incluyendo aquellos relacionados con fuerzas de seguridad, así como la posibilidad de sacrificarlos al concluir su “vida útil”. Además, se introdujo el concepto de “matanza zoosanitaria”, que podría permitir la eliminación de animales ante problemas de salud pública.
La activista subrayó la falta de claridad sobre qué autoridad decidiría sobre la muerte de los animales, sugiriendo que se deben establecer procedimientos y garantías para evitar decisiones arbitrarias. También mencionó que el proyecto modifica el artículo primero de la Ley Federal de Sanidad Animal, lo que podría excluir a ciertos grupos de animales de la protección sanitaria, afectando potencialmente la vigilancia epidemiológica.
Jiménez advirtió que la modificación podría tener repercusiones no solo para los animales, sino también para la salud pública, citando el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la detección de problemas sanitarios.
Los activistas también expresaron su preocupación por la posible eliminación de disposiciones que protegen a la vida silvestre y advirtieron que el proyecto podría revertir los avances logrados en diversas entidades federativas. En Veracruz, donde existen leyes que prohíben el maltrato y la matanza de animales, Jiménez argumentó que una ley general no debería significar un retroceso en comparación con las normas estatales.
Llamó a los legisladores a consultar a las organizaciones y ciudadanos antes de aprobar el dictamen, enfatizando la necesidad de una ley que realmente beneficie a los animales. Los activistas pidieron la retirada del dictamen actual y la creación de una legislación que garantice la protección de todos los animales, sin dejar a ningún grupo fuera de la legislación. Jiménez concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía para que exija a sus representantes revisar el dictamen antes de su aprobación, afirmando: “No queremos un manual para matar, queremos una ley que proteja a los animales.” Los activistas continuarán realizando acciones informativas y de protesta en todo el país.
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