El recuerdo de la lucha estudiantil del 2 de octubre de 1968 resuena con fuerza en la actualidad, donde la demanda por un México democrático y justo sigue vigente. Ayer, se exigió el fin de la represión policial, mientras que hoy se clama por el cese de la violencia que azota al país.
La consigna “ni perdón ni olvido” se mantiene como un estandarte para diversas organizaciones sociales en México y América Latina. A pesar de las promesas de justicia que han pasado a lo largo de varios sexenios, desde Díaz Ordaz hasta Sheinbaum Pardo, aún no se ha logrado castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y David Fernández Dávalos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidieron en que “la continuidad de los mecanismos de impunidad desde la década de 1960 hasta la actualidad” contribuye a la crisis de violencia en el país. Ambos comisionados coordinaron un grupo interdisciplinario que, tras tres años de trabajo, documentó 8,594 víctimas, 46 masacres y más de 123,000 personas desplazadas entre 1965 y 1990, entregando un informe final titulado “Fue el Estado” a la Secretaría de Gobernación en agosto de 2024.
Sin embargo, denunciaron que el gobierno de López Obrador ha minimizado estos hallazgos y no ha asumido las recomendaciones del informe. A pesar de las evidencias, los actores señalados como perpetradores, incluidos elementos del Ejército, no han sido investigados.
El actual gobierno, que prometió ser un símbolo de esperanza, ha eludido compromisos con víctimas de violencia y grupos vulnerables que apoyaron a AMLO en las elecciones de 2018. En su lugar, ha priorizado alianzas políticas que han suscitado críticas, como supuestas colaboraciones con el Cartel de Sinaloa, según la periodista Anabel Hernández.
Con el inicio anticipado de la carrera electoral, Morena ha nombrado a sus precandidatos en 17 entidades, eligiendo al Partido Verde como su principal aliado. Sin embargo, ha surgido descontento dentro de su coalición, con quejas del Partido del Trabajo y otros sobre la falta de transparencia en las encuestas y decisiones de candidaturas. Mientras tanto, el gobierno enfrenta acusaciones de inacción ante fraudes y corrupción, lo que agrava la crisis de confianza en las instituciones.
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