Camerino Z. Mendoza, Ver.- El exdirector de Tránsito Municipal de Camerino Z. Mendoza, Fausto “N”, pasará medio siglo en prisión luego de que un juez lo encontrara culpable por la desaparición forzada de cuatro trabajadores de la empresa de telecomunicaciones UGI, en un caso que sacudió a la región centro de Veracruz y dejó al descubierto presuntas irregularidades dentro de una corporación municipal.
La sentencia de 50 años de cárcel fue obtenida por la Fiscalía General del Estado, mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, tras acreditar durante el juicio oral la responsabilidad del exfuncionario en los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2023.
Las investigaciones establecieron que las víctimas llegaron ese día a las oficinas de Tránsito Municipal para recuperar una unidad retenida y liquidar una infracción cuyo monto superaba los 10 mil pesos. Sin embargo, después de ingresar a la dependencia, desaparecieron sin dejar rastro.
Las personas afectadas fueron identificadas como Víctor Manuel Adell Sánchez, de 35 años y jefe de redes de la empresa UGI; Antonio Sánchez López, de 40 años; Honorio López Espidio, de 35 años, e Ileana Ivet López Espidio, de 27 años.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Víctor Manuel Adell viajó desde Orizaba hacia Ciudad Mendoza con la intención de respaldar a sus compañeros y resolver el trámite administrativo derivado de la retención vehicular. Horas después, el grupo fue reportado como desaparecido.
La Fiscalía sostuvo que Fausto “N”, quien encabezaba la Dirección de Tránsito Municipal en ese momento, incurrió en ocultamiento de información y obstaculización de las investigaciones relacionadas con la desaparición de las cuatro personas.
Durante el juicio fueron presentadas pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al órgano jurisdiccional emitir fallo condenatorio en contra del exservidor público dentro del proceso J-113/2024.
Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, al considerar acreditada su responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada de personas.
El caso generó una fuerte reacción social desde que se dio a conocer la desaparición de los trabajadores, provocando movilizaciones de corporaciones de seguridad estatales y federales, así como protestas de familiares y ciudadanos que exigían justicia.
En medio de la presión pública, Fausto N y varios elementos adscritos a la corporación abandonaron sus cargos y huyeron, situación que fortaleció las sospechas sobre la posible participación de funcionarios municipales en los hechos.
La captura del entonces director de Tránsito se concretó el 11 de diciembre de 2023 en el municipio de Boca del Río, mediante un operativo desplegado por agentes ministeriales.
Desde ese momento permaneció sujeto a proceso penal bajo la causa 739/2023, mientras la Fiscalía integraba la carpeta de investigación con base en declaraciones, análisis de evidencia y trabajos de inteligencia.
La resolución judicial representa una de las condenas más relevantes emitidas en Veracruz por desaparición forzada, particularmente por tratarse de un funcionario público señalado de utilizar su posición dentro de una dependencia municipal para cometer y encubrir un delito de alto impacto.
La Fiscalía General del Estado afirmó que continuará reforzando las investigaciones relacionadas con desapariciones y reiteró que se mantendrán las acciones para sancionar a servidores públicos involucrados en actos que vulneren la libertad y la integridad de la ciudadanía.
El caso de los cuatro empleados de UGI permanece como uno de los episodios más graves registrados en las Altas Montañas, debido a que las víctimas fueron vistas por última vez dentro de una oficina gubernamental, un hecho que generó desconfianza social y fuertes cuestionamientos hacia las autoridades municipales de aquella administración.
