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Ixtaczoquitlán, Ver.– Un predio conocido como “La Mina”, ubicado en los límites de Ixtaczoquitlán y Atzacan, se ha convertido en el epicentro de un conflicto ambiental que mantiene en alerta a habitantes de comunidades como Lagunilla, Moyoapan y Chiltepec, quienes denuncian contaminación, riesgos a la salud y temor de levantar la voz.
Desde hace al menos un año, en el sitio se depositan presuntamente desechos industriales, restos de aves y otros residuos sin control, lo que ha generado olores fétidos, proliferación de moscas y preocupación por posibles daños a los mantos acuíferos, ya que vecinos de Chiltepec y Lagunilla se abastecen de agua de pozos artesianos.
Aunque las recientes lluvias han disminuido momentáneamente los malos olores, vecinos advierten que la situación podría agravarse con la temporada de calor.
El problema se complica por la ubicación del predio, en zona limítrofe entre ambos municipios, lo que ha dificultado la intervención coordinada de las autoridades. En entrevista días atrás el alcalde de Atzacan Israel Raymundo Solano, reconoció que se trata de un punto recurrente de quejas ciudadanas y anunció la instalación de una mesa de trabajo con su homólogo de Ixtaczoquitlán.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán informó que el tiradero fue clausurado recientemente tras el descontento social; sin embargo, la medida ha generado escepticismo entre los habitantes, quienes aseguran que en ocasiones anteriores las actividades se reanudan tras periodos breves por lo que pobladores exigen una solución de fondo, que incluya la remediación del terreno y garantías de que no volverá a utilizarse como depósito de residuos.
Las denuncias no son nuevas. Desde noviembre de 2024, vecinos habían alertado sobre la entrada diaria de camiones de volteo a predios de la zona para descargar desechos presuntamente provenientes de empresas privadas. Ante la falta de respuesta institucional, los propios habitantes realizaron estudios que revelaron la presencia de bacterias fecales y otras sustancias contaminantes en el agua de pozos que abastecen a las comunidades.
Además del impacto ambiental, uno de los aspectos más delicados del conflicto es el clima de intimidación. Habitantes que han intentado denunciar o impedir el paso de los camiones aseguran haber sido amenazados, lo que ha generado temor generalizado.
“Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer”, expresó un vecino bajo condición de anonimato, quien también denunció la presunta utilización de equipos para bloquear señales y evitar grabaciones.
En la zona, familias han comenzado a reportar afectaciones en la piel, como resequedad y erupciones, lo que incrementa la preocupación por la calidad del agua que utilizan diariamente.
Mientras las autoridades municipales sostienen que el sitio permanecerá cerrado hasta que se presenten los permisos correspondientes, los habitantes temen que la clausura sea temporal y que el problema se repita.
Ante este escenario, las comunidades afectadas demandan la intervención de autoridades estatales y federales para realizar inspecciones a fondo y garantizar que la salud, el agua y el medio ambiente no sigan en riesgo. “Con el calor se va a poner peor”, advierten. Y, aseguran, el tiempo corre en su contra.
